Los dineros públicos enfrentan hoy uno de sus mayores enemigos de todos los tiempos: los procesos contra la Nación. Si en este momento los jueces les dieran la razón a todos los demandantes que tienen algún pleito con el Estado, el Gobierno colombiano tendría que invertir el 180% del Producto Interno Bruto (PIB) sólo en esos expedientes. Y si así fuera, en Colombia no habría dinero, por varios años, para invertir en nada más que fallos a favor de víctimas de errores, omisiones y delitos cometidos por agentes estatales.
Así lo revela un informe de la Contraloría, conocido en exclusiva por El Espectador, llamado “Problemática de las demandas contra el Estado y su impacto sobre las finanzas públicas”. El documento, que será difundido la próxima semana por el contralor general, Julio César Turbay Quintero, sostiene que “las demandas en contra de la Nación se están convirtiendo en uno de los principales puntos de inflexibilidad en el gasto público, con cifras de aproximadamente $2 billones anuales, en detrimento de otros sectores de la economía nacional”.
El asunto no sólo preocupa a la Contraloría. En el Ministerio del Interior y de Justicia se ha convertido en un tema prioritario. El viceministro de Justicia, Gilberto Rafael Orozco, le expresó a este diario que el reto para su cartera es impartir políticas públicas que logren disminuir en un 10% las posibilidades de que la Nación pierda sus pleitos judiciales ante particulares, pues actualmente las probabilidades de que éstos ganen son de un 70%. “Estamos trabajando en toda una estrategia para prevenir el daño antijurídico”, manifestó el alto funcionario.
Las cifras, según el informe de la Contraloría, son alarmantes. La pretensión de las demandas interpuestas en 2007 alcanza, aproximadamente, los $658 billones, teniendo en cuenta que en tan sólo una demanda contra el Incora, los peticionarios exigen una indemnización por $594 billones. El presupuesto general de la Nación para el año siguiente es de unos $140 billones, lo que significa que se necesitarían un poco más de cuatro presupuestos nacionales para cubrir ese rubro. Eso si la justicia les concediera a los demandantes su petición.
Afirma este documento también que el año pasado, por condenas en primera instancia (que tienen una alta probabilidad de ser confirmadas en segunda instancia), la Nación desembolsó 2,2% del PIB, que fueron $7,9 billones. A lo que se suma la cifra de reparaciones por la vía administrativa, que de acuerdo con el organismo de control, puede alcanzar los $11 billones, los cuales serán pagados en los próximos diez años. Y esos números aún no tienen en cuenta las reparaciones a las víctimas por la vía judicial o las conciliaciones de los tribunales de arbitramento.
El sector defensa, justicia y seguridad es el mayor blanco de estos procesos. Por sentencias y conciliaciones, 61% de la ejecución presupuestal del Gobierno se ha destinado a estos conceptos. Al respecto, sólo el sector defensa gastó $260.700 millones en 2007, mientras en 2003 la cantidad fue un poco menos de la mitad ($122.600 millones). Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, las masacres de Ituango y Pueblo Bello, por cuyas indemnizaciones se desembolsaron US$4,23 millones. La condena por la masacre de Bojayá fue de $1.552 millones para familiares de dos víctimas, pero, teme la Contraloría, la cifra podría aumentar sin duda si se recuerda que en este ataque murió más de un centenar de personas.
En los pasillos del Viceministerio de Justicia, este es un tema de gran preocupación al que, afirman, no piensan darle la espalda. Orozco muestra que las entidades estatales que son alerta roja para su cartera son Cajanal y el Seguro Social, con unas 60 mil y 18 mil demandas respectivamente, especialmente enfocadas en temas pensionales. “Recibimos del BID un crédito por $350 millones para desarrollar una plataforma tecnológica que nos permita saber, a ciencia cierta, cómo estamos en materia de demandas”, dijo el viceministro.
Funcionarios de ese departamento le dijeron a El Espectador que en estos procesos hay dos factores que juegan en contra de la Nación: corrupción de los jueces y sobrecarga laboral de los abogados que defienden al Estado. “Hay litigantes a los que les pagan entre $7.000 y $14.000 por caso, por lo que hemos sabido de algunos que llegan a acumular hasta 8.000 procesos de varias regiones. ¿Qué efectividad les podemos pedir?, manifestó el viceministro Orozco. De esta manera, está claro que detener el desangre de las finanzas públicas ya no es sólo un reto para el Estado: es una obligación de suma urgencia.
Por Diana Carolina Durán
