Mientras se busca comenzar un proceso de paz con el Eln, la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) adelantó unos operativos que lograron la desarticulación de uno de los frentes más importantes para este grupo guerrillero: el Héroes y Mártires de Santa Rosa, que forma parte del frente de guerra Darío Ramírez Castro y manejaba el cobro de extorsiones a mineros artesanales y empresas multinacionales. Tenían proyecciones de ingresos por más de US$2,5 millones —según documentos encontrados en campamentos—.
Este frente es recordado por el secuestro del avión Fokker de Avianca que cubría ruta Bucaramanga-Bogotá en 1999. Desviaron la aeronave y la hicieron aterrizar en una pista clandestina ubicada entre los municipios de Simití y San Pablo, del sur de Bolívar. Un total de 46 pasajeros fueron secuestrados —uno de ellos murió en cautiverio— y fueron siendo liberados paulatinamente hasta el 22 de noviembre de 2000.
En uno de sus hechos más recientes, producto del no pago de las extorsiones, los guerrilleros comandados por alias Familia secuestraron el 18 de enero de 2013 a cinco ingenieros —entre ellos al canadiense Jernoc Wobert— de la empresa Braewal Mining Corporation. El plagio se ejecutó en la mina Casa de Barro, del municipio de Norosí (Bolívar). El canadiense estuvo ocho meses en poder de José Anín Hernández, alias Marcos, comandante del frente de guerra Darío Guerra, y quien ordenó que el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa lo custodiara.
Todas las acciones extorsivas eran controladas por Marcos, quien a su vez dividió las funciones en tres áreas bajo el mando de Homero Calderón, alias Mario Solano, alias Familia y alias Gustavo. El primero de ellos se convirtió en el objetivo de más valor, ya que era quien dictaba las pautas de cómo se debían cobrar los ‘impuestos’ y establecía la estrategia financiera.
La Dipol logró en junio de 2013 la captura de Mario Solano. En el operativo hallaron el computador que terminaría siendo la guía para desarticular el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, el grupo encargado del cobro de extorsiones. En el dispositivo hallaron correos electrónicos, documentos y cartas a mano enviadas a comerciantes, alcaldes y ganaderos en los que exigían el pago de comisiones.
Dos cartas enviadas en marzo de 2013, una a una veterinaria y otra a un reconocido ganadero, eran el fiel reflejo de las amenazas del Eln: “(Se) cobrará un impuesto de guerra anual (…) la cuota es de $100 millones (…) Este aporte lo pueden colocar en mico ahumado (la plaza), donde el señor Arnoldo Quintero (tienda Estafany)” (sic.). En ocho páginas de uno de los cuadernos del comandante guerrillero se halló el conteo de las minas que están siendo extorsionadas y la cantidad de gramos de oro puro que tenían que entregar. Se lee que en las minas Esperanza, Mochila, Caracol, entre otras, se realizaron 23 pagos, ya fuera con la entrega de gramos de oro o efectivo. El impuesto era de hasta 90 gramos, con un valor de hasta $4 millones. En total fueron 23 mineros artesanales los que pagaron su comisión y se recogieron $72 millones.
La Dipol también encontró cartas enviadas a alcaldes y juntas de acción comunal en las que el Eln les exigía la entrega de recursos. En una misiva, escrita a mano, enviada el 2 de abril de 2013 al alcalde de Norosí (Bolívar), Mario Solano le ordena entregarles $50 millones. En otros documentos se registran ingresos por $122 millones y $27 millones, producto del cobro de extorsiones a través del gramaje.
Allí se veía la intención del Eln de infiltrarse en organizaciones sociales para defender la minería ilegal en el sur de Bolívar y sacar a las empresas extranjeras. Tanto así, que existe un acta de reunión entre los guerrilleros y las empresas mineras, que tuvo lugar el 16 de junio de 2012. En el documento, en pocas palabras, se estableció un pacto en el que la guerrilla tenía pretensiones de obtener US$2,5 millones producto de la explotación minera. La negociación buscaba la compra de títulos mineros entre la Asociación Agrominera de Casa del Barro y empresas transnacionales.
Entre otros papeles de Mario Solano, también se tenían la idea de un plan ‘gota a gota’ contra la multinacional Anglo Gold, que le dejaría rendimientos por más de $1.000 millones. En una reunión de los comandantes del frente de guerra Darío Ramírez Castro se estableció una guía de 17 puntos que debían seguir para cobrar las extorsiones en la región.
Básicamente, según se lee, las órdenes eran evitar meterse en las minas, que las ganancias estaban destinadas para temas logísticos, que las ganancias se dividían en un 50% para el comandante del frente de guerra y el otro 50% para la estructura que lo consiguiera, y que había que “tener claro que en la minería no hay amigos”.
Tras la caída de Mario Solano, el nuevo objetivo era Familia y el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. A lo largo de este año se realizaron siete operaciones para desmantelar esta estructura, al punto que 47 guerrilleros fueron capturados o dados de baja. Para la Dipol el Eln estaba utilizando este reducto como caja menor, ya que manejaba a su antojo las minas que en el sur de Bolívar y el bajo Cauca.
Con información recopilada en los campamentos y con infiltraciones de agentes de la Dipol —quienes se hacían pasar como miembros de la región— empezaron a buscar la forma de llegarles a los jefes guerrilleros. El golpe más certero contra esta estructura fue la operación ejecutada el pasado 10 de octubre, en la que murió Familia. Prácticamente esto les permitió a las autoridades quitarles los ingresos por ‘impuestos’ a la explotación minera, ya que este hombre llevaba los registros y las cuentas del dinero que se movía en la zona.
Familia llevaba a mano, en su libreta, los registros de entrada y salida de dinero, ya fuera en temas de manutención, cobro de extorsiones —por minería o cultivos de palma— o pago de comisiones a sus subalternos que se caracterizaban por gastárselo en trago y prostitutas. Entre sus apuntes se observa que los gastos en compra de alimentos y gasolina, entre diciembre de 2013 y junio de 2014, fueron por $25 millones. En cuanto a la “Intendencia Menor” , algo así como la compra de ropa, se gastaron entre febrero y octubre de 2014 $6’900.000.
Uno de los reportes de ingresos son los que traían diferentes guerrilleros que cobraban las extorsiones. Entre enero y septiembre de este año lograron recoger $7’500.000. En comunicaciones —como compra de celulares, computadores y radios—, el gasto fue de $10’800.000. Otro de los registros que llevaba Familia era la entrega de “comisiones” a sus subalternos para sus gastos personales.
Fueron $34’500.000 los que entregó el comandante guerrillero a los jefes de zona —en sus anotaciones hacía referencia a Óscar, Negro, Andrés y Nobles—. Los hallazgos más importantes que hizo la Dipol en el cuaderno de Familia fueron las cuentas por concepto de extorsiones a mineros y palmeros. Por permitir el funcionamiento de las retroexcavadoras entre enero y agosto de 2014 recibieron más de $150 millones. Por la palma sólo fueron $33’600.000.
El cuaderno de Familia también reveló que en tema de compra de explosivos y armamiento, la guerrilla en lo corrido del año se había gastado $321 millones. Pero tras los resultados operacionales que terminaron por desarticular, según las cifras de la Dipol, el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Las autoridades están preocupadas por el alto número de menores de edad que eran parte del anillo de seguridad de Familia y otros jefes guerrilleros. Sumado a esto, que algunas jóvenes que no pasaban los 15 años terminaban siendo las compañeras sentimentales.
Tras la muerte de Familia la Dipol, con colaboración del Ejército, ha realizado tres operativos más —el último el pasado 25 de noviembre— para dar con el paradero de Severo Saavedra Benavides, alias Óscar Nobles, un guerrillero reconocido por ser el cerebro de los secuestros en el sur de Bolívar y el bajo Cauca, especialmente el de los ingenieros extranjeros. La Dipol aseguró que Óscar Nobles está solo porque en la zona no queda ninguno de sus hombres, al punto que en comunicaciones interceptadas a los máximos comandantes del Eln se ha escuchado la necesidad de recuperar el control de la zona que les genera ingresos anuales por más de $1.600 millones.
* smartinezh@elespectador.com / @santsmartinez
Por Santiago Martínez Hernández
