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El abogado Guillermo Rodríguez, quien defiende los intereses del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, aseguró que están estudiando presentar una acción en contra del fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que revocó la decisión con la cual se suspendió provisionalmente el proceso de venta de las acciones del Gobierno de la empresa Isagén.
El jurista llamó la atención sobre el hecho de que la decisión del Consejo de Estado se alejó de los “postulados jurídicos”, resaltando que este fallo se emite a tres escasos días de las elecciones para presidente de la República. “Le autoriza al Gobierno la venta de la energética más importante del país”.
El accionante rechazó el argumento del Consejo de Estado frente a la falta de presentación de pruebas para sustentar la necesidad de estas medidas cautelares. “Instauramos un medio de control de prueba sumaria del más alto nivel en la que se comprueba que se va a regalar la más importante la empresa de energía del país”.
En este sentido aseguró que la magistrada ponente no tuvo en cuenta los elementos presentados frente a la acción de súplica presentada, respectivamente, por el Ministerio de Hacienda y de Minas en contra del fallo del tribunal de lo contencioso administrativo.
“No hay lugar a casualidades, el Consejo de Estado adopta una posición política en sus decisiones judiciales”, precisó el abogado al resaltar el hecho de que la enajenación de Isagén era necesaria, puesto que como está planteada afecta a todos los colombianos.
Ante esto espera que la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acepte la solicitud de medidas cautelares solicitadas hace dos meses por parte del exmandatario con el fin de que se evite que se continúe con este proceso mientras se toma una decisión de fondo frente a la demanda instaurada.
“Esperamos que el magistrado que estudia el caso sea responsable y tome decisiones políticas” precisó Rodríguez al indicar que de no aceptarse esta solicitud presentaran una acción de tutela ante el Consejo de Estado pidiendo que se garanticen los derechos del expresidente de la República de acudir a la administración de justicia.
Por El Espectador
