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En su alocución televisada, transmitida anoche, el presidente Iván Duque señaló no solo que objetaba seis de los 159 artículos que componen la Ley Estatutaria de la JEP, la cual hizo su trámite en el Congreso a través del mecanismo de fast track y que recibió luz verde de la Corte Constitucional el año pasado, al hacer el examen constitucional que le correspondía. El mandatario agregó que iba a presentar una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, que dio vida a todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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La iniciativa, según Duque, busca cambiar tres temas claves: que los delitos sexuales contra menores de edad no caigan en el radar de la Justicia Especial para la Paz, que los reincidentes pierdan todos los beneficios de la jurisdicción especial y que quede claro que solo habrá justicia ordinaria para quienes cometan delitos que, aunque empezaron antes de la firma del Acuerdo de Paz -1° de diciembre de 2016-, se siguen cometiendo con posterioridad a la firma. Uno de los defensores de la decisión del presidente fue el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
A medida que pasa el tiempo, este debate crece. Mientras la presidenta de la JEP, Patricia Linares, sostiene que esta institución no se va a paralizar y que recibe con respeto la decisión del primer mandatario; el procurador, Fernando Carrillo, asegura que el presidente Duque abre “un debate inoportuno e inútil”, el cual “va a generar un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos”. El jefe de Estado, desde anoche, dijo que no había ningún “choque de trenes” en su decisión. Y en esa orilla está también el fiscal Martínez.
“La Fiscalía aprecia que el acatamiento a la cosa juzgada constitucional (es decir, al fallo de la Corte Constitucional en que dio luz verde a la Ley Estatutaria de la JEP) en el presente trámite de objeciones es irrestricto, al punto que las disposiciones que fueron declaradas inexequibles no son objeto de glosa alguna y, por el contrario, dan lugar a una iniciativa de reforma constitucional, que se propone por los cauces de la institucionalidad democrática”, manifestó el jefe del organismo investigativo.
“La institucionalidad de la República no puede estar en entredicho cuando los poderes actúan en el marco de sus competencias”, señaló el fiscal. Una postura contraria a la que ha expresado el procurador Carrillo, quien desde el inicio había pedido al presidente Duque que se abstuviera de objetar la ley en cuestión. El fiscal Martínez sí había mostrado varios reparos a la ley estatutaria de la JEP, reparos que juristas consultados por este diario calificaron de “engañosos”.
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El fiscal Martínez dijo que el país debía “contestar sosegadamente”, por los canales institucionales, las objeciones propuestas por el presidente Duque, quien esta mañana las radicó ante el presidente del Senado, Ernesto Macías, y el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón. “La Fiscalía contribuirá al análisis reposado de estos asuntos desde el Congreso de la República, con la profunda convicción de que el trámite de estas cuestiones no compromete para nada la paz, ni mucho menos cause una herida a la JEP”.
El jefe de la entidad investigativa señaló también: “Desde el pasado hemos manifestado y hoy insistimos, que (i) es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos y (ii) que los reinsertados puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, manteniendo beneficios de la JEP, así sea con gradualidad”.
Tanto el fiscal Martínez como el presidente Duque han insistido en que los reincidentes deben perder los beneficios jurídicos que otorga la jurisdicción de paz. Según ellos, ese punto en especial, tan sensible como es, no quedó claro en el fallo de la Ley Estatutaria que profirió la Corte Constitucional. Juristas consultados por el proyecto Colombia2020 de El Espectador, sin embargo, difieren de esa posición, señalando, en primer lugar, que la Corte sí especificó que los desmovilizados que delincan tras la firma del Acuerdo podrían perder sus beneficios.
Según los juristas consultados, sí es claro que un guerrillero de las Farc que haya dejado las armas, se haya acogido al proceso de paz y luego cometa delitos que nada tengan que ver con el conflicto, va directamente a la justicia ordinaria. Otro de los reparos que manifestó el fiscal y acogió el presidente Duque tiene que ver con la renuncia a la investigación penal de la justicia ordinaria para quienes se acojan a la JEP. Para el presidente Duque, es indispensable que quede explícito que los delitos no amnistiables (los crímenes graves) sí seguirán siendo investigados.
Por su parte, el fiscal había señalado que “en la práctica equivaldría a que, mientras la JEP asume competencia en estos casos, no habrá jurisdicción que opere y asuma efectivamente tales investigaciones”. La propuesta de Duque se enfoca a que se garantice que quienes no son máximos responsables también serán investigados por este tipo de crímenes. “La renuncia (a la investigación de quienes no son máximos responsables) solo sería conducente cuando el Estado demuestre que investigó bajo estándares de debida diligencia las conductas”.
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Solo después de haber investigado, dice el documento de objeciones del presidente Duque, se podrá “ejercer la facultad de selección para centrar esfuerzos solamente en los máximos responsables”. ¿Podrá la JEP cumplir con la tarea de investigar a todos los posibles responsables de los más graves crímenes que se han cometido en el país? Es un interrogante sin respuesta, pero con un precedente clave: la justicia ordinaria no ha podido cumplir esa misión que el presidente Duque pretende encomendarle a la JEP. Y la JEP, a diferencia de la justicia ordinaria, no va a existir para siempre.
Por Redacción Judicial
