Declaran crimen de lesa humanidad asesinato de director de La Opinión

La Fiscalía General declaró como crimen de lesa humanidad el asesinato del director del diario de La Opinión de Cúcuta, José Eustorgio Colmenares Baptista, quien fue asesinado por dos sicarios cuando se encontraba en su residencia el 12 de marzo de 1993.

La decisión se tomó con base en las evidencias analizadas con las que se permitió inferir que el crimen se produjo como un patrón sistemático y generalizado contra la población civil en esa época.

Ante esto la Fiscalía Especializada de Cúcuta decretó la imprescriptibilidad de la acción penal para garantizar el derecho a las víctimas, de obtener verdad, justicia y reparación.

La semana pasada, un grupo de familiares, amigos y periodistas le habían solicitado al fiscal General, Eduardo Montealegre que declarará este crimen como de lesa humanidad puesto que estaba al borde de la prescripción ya que este miércoles se cumplían 20 años del trágico hecho.

Los hechos se registraron cuando el periodista conversaba con su esposa, fue asesinado al frente de su casa Eustorgio Colmenares cuando dos personas se le acercaron sigilosamente y le dispararon en repetidas oportunidades causándole inmediatamente la muerte.

El proceso de la muerte de Colmenares contó con un arsenal de pruebas que demostraban la culpabilidad de los dos sicarios que pertenecían a la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que además, días después del asesinato aceptaron ser los autores del crimen.

Sin embargo, durante los estas dos décadas la justicia no ha logrado arrojar ningún resultado contundente para responsabilizar al grupo guerrillero por la muerte del periodista, que se convirtió en el segundo director de un periódico en ser asesinado después de Guillermo Cano, director de El Espectador.

Dentro del expediente del caso, se logró establecer la identidad de los dos sicarios, gracias al retrato hablado de un vigilante que presenció el crimen. Asimismo, un informante llamó al entonces director del DAS seccional para entregarle datos sobre la ubicación, lazos con el ELN, descripciones y nombres de los asesinos.

Dentro el material probatorio, también se evidencia que durante el proceso de huida los autores del crimen se estrellaron contra un bus de servicio público y en su afán de robarse un auto para continuar con el escape, se toparon con dos agentes del DAS que, posteriormente, identificaron a los dos individuos.

A pesar de que la recolección de pruebas arrojaba datos contundentes contra los miembros del grupo guerrillero, el fiscal del caso se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra estos dos personajes. Tres años después, en febrero de 1996, el funcionario del ente investigador precluyó el caso y ordenó la libertad de los sindicados. Sin embargo, en 1997 la Procuraduría apeló la decisión y solicitó la reapertura del caso.

Solo hasta el 4 de enero de 2001 un juzgado especializado de Cúcuta profirió sentencia absolutoria contra los sindicados y pidió al Tribunal Superior de Cúcuta que analizará la decisión. Desde ese entonces el proceso por la muerte del exdirector de La Opinión está estancado en la justicia.

La Fiscalía General declaró como crimen de lesa humanidad el asesinato del director del diario de La Opinión de Cúcuta, José Eustorgio Colmenares Baptista, quien fue asesinado por dos sicarios cuando se encontraba en su residencia el 12 de marzo de 1993.

La decisión se tomó con base en las evidencias analizadas con las que se permitió inferir que el crimen se produjo como un patrón sistemático y generalizado contra la población civil en esa época.

Ante esto la Fiscalía Especializada de Cúcuta decretó la imprescriptibilidad de la acción penal para garantizar el derecho a las víctimas, de obtener verdad, justicia y reparación.

La semana pasada, un grupo de familiares, amigos y periodistas le habían solicitado al fiscal General, Eduardo Montealegre que declarará este crimen como de lesa humanidad puesto que estaba al borde de la prescripción ya que este miércoles se cumplían 20 años del trágico hecho.

Los hechos se registraron cuando el periodista conversaba con su esposa, fue asesinado al frente de su casa Eustorgio Colmenares cuando dos personas se le acercaron sigilosamente y le dispararon en repetidas oportunidades causándole inmediatamente la muerte.

El proceso de la muerte de Colmenares contó con un arsenal de pruebas que demostraban la culpabilidad de los dos sicarios que pertenecían a la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que además, días después del asesinato aceptaron ser los autores del crimen.

Sin embargo, durante los estas dos décadas la justicia no ha logrado arrojar ningún resultado contundente para responsabilizar al grupo guerrillero por la muerte del periodista, que se convirtió en el segundo director de un periódico en ser asesinado después de Guillermo Cano, director de El Espectador.

Dentro del expediente del caso, se logró establecer la identidad de los dos sicarios, gracias al retrato hablado de un vigilante que presenció el crimen. Asimismo, un informante llamó al entonces director del DAS seccional para entregarle datos sobre la ubicación, lazos con el ELN, descripciones y nombres de los asesinos.

Dentro el material probatorio, también se evidencia que durante el proceso de huida los autores del crimen se estrellaron contra un bus de servicio público y en su afán de robarse un auto para continuar con el escape, se toparon con dos agentes del DAS que, posteriormente, identificaron a los dos individuos.

A pesar de que la recolección de pruebas arrojaba datos contundentes contra los miembros del grupo guerrillero, el fiscal del caso se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra estos dos personajes. Tres años después, en febrero de 1996, el funcionario del ente investigador precluyó el caso y ordenó la libertad de los sindicados. Sin embargo, en 1997 la Procuraduría apeló la decisión y solicitó la reapertura del caso.

Solo hasta el 4 de enero de 2001 un juzgado especializado de Cúcuta profirió sentencia absolutoria contra los sindicados y pidió al Tribunal Superior de Cúcuta que analizará la decisión. Desde ese entonces el proceso por la muerte del exdirector de La Opinión está estancado en la justicia.