Declaran de lesa humanidad crimen de líder campesino de la UP Julio Poveda

Integrante del partido comunista y de la UP, Julio Alfonso Poveda fue asesinado por sicarios el 17 de febrero de 1999. Foto: Cortesía Semanario Voz

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La Fiscalía declaró de lesa humanidad el homicidio de Julio Alfonso Poveda Gauta, un integrante del Partido Comunista y militante de la Unión Patriótica, ocurrido el 17 de febrero de 1999 en Bogotá. Poveda nació en Iconozo (Tolima) y desde muy joven inició su vida política en las juventudes agrarias del Sumapaz, ayudó a crear la Federación Sindical Agrícola y la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia y fue gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias. Según la Fiscalía, su crimen se cometió en medio de un contexto de violencia sociopolítica y teniendo en cuenta su condición de líder sindical y militante.

“El señor Poveda era una persona amenazada, que vivía prevenida, por su labor sindical, política y social, en el contexto de violencia sociopolítica en el que vivía, era el blanco perfecto para el accionar de los grupos armados ilegales. Julio Alfonso Poveda era una persona que al momento de su asesinato trabajaba como gerente de Fenacoa en donde dictaba cursos de capacitación a población campesina. Paralelamente, fue militante político de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, y sindicalista, esta condición de activismo agrario, sindical y de militancia política fueron los móviles de su asesinato”, señaló la Fiscalía en decisión conocida por El Espectador.

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Poveda fue asesinado en la mañana del 17 de febrero de 1999 a manos de sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones mientras que Poveda estaba en su vehículo, dejando herido a otra persona e ilesa a su esposa, Tulia Vargas. El asesinato fue el último acto de una violenta persecución que sufrió Poveda Vargas como amenazas telefónicas y homicidios de personas cercanas como el de Víctor Julio Garzón, quien también trabajaba en la Federación. Amenazas que siguieron hacia su núcleo familiar después del homicidio, especialmente dirigidas a sus hijas, por lo que su esposa tuvo que marcharse de su casa.

La abogada Yessika Hoyos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien representa a la familia del dirigente sindical, había recalcado en su petición que la propia Fiscalía había asegurado en auto del 31 de agosto de 2010 que este crimen fue perpetuado “(…) tal vez por organizaciones de extrema derecha, de exterminio contra la dirigencia, militantes y simpatizantes del Partido Comunista de Colombia y Unión Patriótica, que hoy en día ha acabado con la vida de aproximadamente 3.500 de sus integrantes”. Por este caso, el Consejo de Estado condenó al Estado en 2012. Aunque inicialmente la Fiscalía 57 de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos había negado la petición de declarar el crimen de lesa humanidad el 19 de junio de 2020, cambió su parecer.

Así, en decisión el pasado 10 de agosto, la Fiscalía señaló que en efecto el crimen “hizo parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra los militantes del Partido Comunista y miembros de la Unión Patriótica, quienes eran objeto de hostigamiento, persecuciones, y atentados contra su vida y la de sus familiares, con conocimiento de dicha sistematicidad, y que hacía parte de una política de eliminación de toda aquella persona que era considerada como un enemigo en razón del ejercicio disidente de su actividad política y social en Colombia”. El despacho además tuvo en cuenta el estado de zozobra en el que se encontraban los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas por las continuas amenazas lanzadas contra sus dirigentes y asesinatos de miembros de otras cooperativas, como ocurrió en el caso de Víctor Julio Garzón y William Jaimes.

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“Se procederá a reponer la decisión recurrida y declarar este homicidio como un crimen de lesa humanidad, al concluir que sí hay elementos contextuales en este momento procesal para afirmar que el homicidio agravado de Julio Alfonso Poveda Gauta se desarrolló dentro de un marco sistemático y generalizado, y de persecución hacia militantes de izquierda, por su condición de líder sindical y defensor de la reforma agraria, que el homicidio no se trataba de un hecho aislado, sino que fue uno más de un plan sistemático en contra de aquellas personas que ejercían un activo liderazgo político y social, en un contexto de orden público que los perseguía y asesinaba”, dice el documento.

La decisión de declarar el crimen de lesa humanidad agrega que la desprotección a la que fue sometido Julio Poveda por parte del Estado colombiano fue determinante a la hora de la ejecución crimen, pues este no solo fue asesinado a poca distancia de un CAI de la Policía, sino que pese a sus calidad políticas y personales “no se le brindó la protección que requería en tanto se trataba de un militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista cuyos miembros, se insiste, eran para ese momento y desde varios lustros atrás, víctimas de violentas persecuciones y atentados contra su vida e integridad personal, lo que obligaba al Estado a otorgarles seguridad y protección (…)”

Tulia Vargas, esposa de Julio Poveda, consideró como acertada esta decisión para poder establecer las circunstancias que rodearon la muerte del dirigente sindical. “Esperamos que nos digan realmente la verdad: ¿por qué lo mataron? Que nos digan la verdad para poder descansar y que por fin se sepa qué fue lo que pasó. La decisión sirve para que haya justicia, para saber hoy o mañana qué pasó. Solo queremos que se aclare su asesinato y nos digan por qué a él. Esto es lo que estamos esperando.