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Los internos de cárceles y centros de reclusión del Magdalena, Cesar y La Guajira estuvieron a punto de quedarse sin comida. A través de una carta, el consorcio Catalimentos, responsable de la alimentación en la mayoría de penales de estos departamentos, le notificó al Inpec que dejarán de operar desde este domingo 13 de octubre, pues aseguran que la Uspec les ha incumplido el contrato. El Espectador conoció que habrían existido incumplimientos de parte y parte, y que ya se firmó un contrato con otro proveedor para evitar una emergencia humanitaria.
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En la carta que envió Catalimentos al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), el contratista le notifica a la entidad que custodia las cárceles de todo el país del “inminente desabastecimiento que se generará a partir de este lunes 14 de octubre, en razón a la terminación, por agotamiento de recursos, del contrato suscrito entre este consorcio y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)”. Es decir, a partir del lunes, los reclusos se quedarían sin las cuatro comidas diarias a las que tienen derecho.
Supuestamente, Catalimentos no tiene el dinero para continuar con el servicio de alimentación que prestan a la población privada de la libertad en 19 cárceles, estaciones de Policía y centros de detención de estos tres departamentos del Caribe. Esto se da, por un lado, porque el número de personas privadad de la libertad en estas cárceles ha crecido, respecto de la cifra sobre la que se negoció a comienzos del año. Pero también porque aseguran que la Uspec, en su totalidad, no ha pagado las sumas acordadas .
Según la misiva, le han insistido en reiteradas ocasiones a la Uspec la necesidad de hacer adiciones al contrato inicial y, además, sostienen que la entidad les debe más de $5.500 millones por los servicios prestados entre junio y octubre de este año. En la carta, firmada el pasado viernes 11 de octubre, Catalimentos añade que no han recibido respuesta alguna de la Uspec “a esta grave situación”, con lo cual cientos de personas se podrían ver afectadas.
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No obstante, este diario conoció que las supuestas deudas de la Uspec con Catalimentos se deben a posibles incumplimientos del consorcio en el servicio de alimentación. Según le señaló una fuente a este diario, la Universidad Nacional, encargada de la interventoría del millonario contrato, ha encontrado una infinidad de posibles irregularidades (que pueden ir desde comida podrida hasta desórdenes en el suministro), con lo cual le ha retenido, desde junio de este año, porcentajes del pago al consorcio.
Es decir, si bien sí se le ha pagado menos a Catalimentos, esto obedecería a una multa impuesta por la entidad que supervisa el contrato, y no por responsabilidad de la Uspec. Al parecer, cuando el consorcio firmó el convenio, en enero de este año, manifestó que le parecían desproporcionadas algunas de las medidas que le impondrían si se hallaban irregularidades. Sin embargo, al cabo de unos días, firmó el contrato sin mayor reparo.
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A pesar del lío, este diario conoció que la Uspec ya tiene todo listo para firmar un nuevo convenio con otra empresa. La entidad encargada de contratar la alimentación en todas las cárceles del país declaró una “urgencia manifiesta” en las cárceles de la región, ante la posibilidad de que cientos de personas privadas de la libertad se quedaran sin la alimentación a la que, por ley, tienen derecho. Esta figura le permitirá a la entidad contratar, de manera directa, al nuevo contratista. Así, no se va interrumpir el suministro de comida a los 19 centros de reclusión que hasta mañana atenderá Catalimentos.