Decomisan bienes por $2.000 millones a excongresista condenado Manuel Carebilla

Siguen las malas noticias para el excongresista Manuel Antonio Carebilla, condenado el 2 de noviembre de 2017 por corrupción. La dirección de extinción de dominio de la Fiscalía, en diligencias llevadas a cabo en Bogotá, le decomisó tres bienes avaluados en $2.000 millones, los cuales serían producto de sus andanzas delictivas entre 2006 y 2014, como representante a la Cámara por el Amazonas. Por esos hechos está pagando una pena de 14 años y siete meses de prisión en la cárcel La Picota (Bogotá).

En contexto: Corte Suprema condena a exgobernador de Amazonas, Manuel Carebilla.

De acuerdo con Patricia Saavedra, directora especializada de extinción de dominio, los tres bienes del excongresista de Cambio Radical estaban a nombre de su esposa y serían producto de su labor como “mercader”, cuando convirtió su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en una empresa. Los bienes ya están bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual podrá devolver o entregar los inmuebles a otros destinatarios.

El excongresista Carebilla está condenado desde hace tres años por los delitos de peculado -desfalco de los dineros públicos-, cohecho -soborno- impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión -aprovecharse de su cargo para cometer delitos-. Carebilla, incluso, les pidió a sus subalternos el pago del arreglo de su vehículo y la financiación de campañas políticas en las elecciones de 2007 en Amazonas.

“El fallo señaló que el excongresista estuvo comprometido en varios nombramientos irregulares y otras actuaciones ilícitas con el personal que conformó su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Quedó acreditado que designó a personas que nunca cumplieron labores, pero recibieron sus respectivos salarios; además, certificó falsamente que desempeñaron actividades que no fueron ejecutadas por los contratados, sino por terceros”, agregó la Fiscalía.

Lea también: El nuevo lío judicial del excongresista amazónico Manuel Carebilla.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Carebilla ofreció en venta cargos públicos al mejor postor y, además, permitió que miembros de una sola familia heredaran puestos de Gobierno en Amazonas. “En época preelectoral suscribió pacto para comprometer salarios asignados a servidores que la integraran, incluso con personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos”, explicó la alta corte.

Además, el 11 de marzo de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá le envió otra orden de prisión preventiva, por otros supuestos hechos de corrupción que se presentaron cuando Carebilla fue gobernador del Amazonas en 2016. El político ahora es investigado por, presuntamente, haber contratado treces la construcción de dos colegios y un hospital en su departamento, que nunca fueron entregados.

Antecedentes: Procuraduría investiga irregularidades en PAE de Amazonas, Santander y Huila.

“El convenio fue firmado el 15 de febrero de 2016, posteriormente, se aprobaron dos convenios complementarios y dos adiciones contractuales. Estas maniobras, que retrasaron la ejecución de la obra, al parecer, vulneraron los principios de transparencia y planeación. Por estos hechos, les fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado”, explicó el fiscal general Francisco Barbosa.

Siguen las malas noticias para el excongresista Manuel Antonio Carebilla, condenado el 2 de noviembre de 2017 por corrupción. La dirección de extinción de dominio de la Fiscalía, en diligencias llevadas a cabo en Bogotá, le decomisó tres bienes avaluados en $2.000 millones, los cuales serían producto de sus andanzas delictivas entre 2006 y 2014, como representante a la Cámara por el Amazonas. Por esos hechos está pagando una pena de 14 años y siete meses de prisión en la cárcel La Picota (Bogotá).

En contexto: Corte Suprema condena a exgobernador de Amazonas, Manuel Carebilla.

De acuerdo con Patricia Saavedra, directora especializada de extinción de dominio, los tres bienes del excongresista de Cambio Radical estaban a nombre de su esposa y serían producto de su labor como “mercader”, cuando convirtió su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en una empresa. Los bienes ya están bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual podrá devolver o entregar los inmuebles a otros destinatarios.

El excongresista Carebilla está condenado desde hace tres años por los delitos de peculado -desfalco de los dineros públicos-, cohecho -soborno- impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión -aprovecharse de su cargo para cometer delitos-. Carebilla, incluso, les pidió a sus subalternos el pago del arreglo de su vehículo y la financiación de campañas políticas en las elecciones de 2007 en Amazonas.

“El fallo señaló que el excongresista estuvo comprometido en varios nombramientos irregulares y otras actuaciones ilícitas con el personal que conformó su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Quedó acreditado que designó a personas que nunca cumplieron labores, pero recibieron sus respectivos salarios; además, certificó falsamente que desempeñaron actividades que no fueron ejecutadas por los contratados, sino por terceros”, agregó la Fiscalía.

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De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Carebilla ofreció en venta cargos públicos al mejor postor y, además, permitió que miembros de una sola familia heredaran puestos de Gobierno en Amazonas. “En época preelectoral suscribió pacto para comprometer salarios asignados a servidores que la integraran, incluso con personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos”, explicó la alta corte.

Además, el 11 de marzo de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá le envió otra orden de prisión preventiva, por otros supuestos hechos de corrupción que se presentaron cuando Carebilla fue gobernador del Amazonas en 2016. El político ahora es investigado por, presuntamente, haber contratado treces la construcción de dos colegios y un hospital en su departamento, que nunca fueron entregados.

Antecedentes: Procuraduría investiga irregularidades en PAE de Amazonas, Santander y Huila.

“El convenio fue firmado el 15 de febrero de 2016, posteriormente, se aprobaron dos convenios complementarios y dos adiciones contractuales. Estas maniobras, que retrasaron la ejecución de la obra, al parecer, vulneraron los principios de transparencia y planeación. Por estos hechos, les fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado”, explicó el fiscal general Francisco Barbosa.