Decreto que reestructuró la Fiscalía fue demandado

Si algo queda claro con el Decreto Ley 898 de 2017, el cual facilitó la reestructuración de la Fiscalía, es que la administración de Néstor Humberto Martínez quedó absolutamente comprometida con el Acuerdo de Paz con las Farc. Al menos en el papel. El decreto, emitido por el presidente Juan Manuel Santos justo el último día de vigencia de sus facultades especiales para asuntos de la paz, señala que la conexión del decreto con la implementación del Acuerdo es absoluta, pues “robustece y define de manera más clara la capacidad de dirección estratégica y planeación de la entidad, para (…) enfocar los recursos de investigación y judicialización hacia las prioridades del Acuerdo de Paz”.

Este martes, en un evento público, la Fiscalía explicó un poco sobre la reorganización que se va a vivir en la entidad por cuenta del Decreto Ley 898. Por ejemplo, señaló que en total se suprimieron 254 cargos, aunque el número de gente que va a salir del organismo es mucho más alto: 4.706 personas. Eran cargos “que no estaban provistos, ni jamás lo estuvieron, por absoluta falta de financiación del presupuesto nacional”, aclaró la Fiscalía. Lo más importante de la reestructuración, dicen sus voceros, es que fueron designados más de 500 fiscales para llegar a territorios “del posconflicto”.

Así las cosas, se designaron fiscales para 43 municipios azotados por la guerra, donde la Fiscalía nunca había tenido presencia. Entre ellos Mapiripán (Meta), recordada por la masacre paramilitar de 1997; Arauquita, Cravo Norte y Fortul, municipios de Arauca duramente golpeados por la guerrilla, y Trujillo, en el Valle del Cauca, donde los paramilitares asesinaron o desaparecieron a más de 300 personas entre finales de los 80 y principios de los 90. También, en lugares donde la violencia no da tregua como Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño), se aumentó el número de fiscales a 31 y 25, respectivamente.

Sin embargo, no todos están contentos con este decreto ley. A la Corte Constitucional, que le hará control a la norma —como a todo lo aprobado en relación con el Acuerdo de Paz, tanto en Presidencia como en el Congreso—, ya llegó la primera demanda que impugna algunas determinaciones de la reestructuración de la Fiscalía: se radicó el pasado 23 de junio en Secretaría y la firman José Gregorio Galindo, exmagistrado de esa misma Corte, y Janethe Patricia Puentes, presidenta y representante legal del sindicato Unión de Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (Unicerti).

“Los derechos esenciales de las personas —entre ellos el trabajo— no pueden supeditarse a las finalidades coyunturales de quienes detentan el poder en un momento determinado de la historia, ni pueden ellos aprovechar determinada coyuntura o circunstancia —como podría ser en este caso el proceso de paz y la implementación de los acuerdos con las Farc— para golpear los derechos de las personas, en particular —a propósito de esta impugnación— los derechos y la estabilidad de los trabajadores”, señala el documento de 56 páginas.

En la demanda, el sindicato alega que al hacer tal reestructuración el presidente Santos se extralimitó, que fue “una invasión de la órbita constitucional del Congreso de la República”, y “en consecuencia es inconstitucional, con mayor razón si se lesionan derechos fundamentales”. En el texto se señala que no todos los artículos del Decreto Ley 898 de 2017 son excesivos frente a las facultades extraordinarias que tenía el presidente Santos, pero “para lograr ese cometido (de la implementación del Acuerdo) no era necesaria la supresión de cargos, ni dejar sin trabajo a servidores públicos que venían cumpliendo las funciones propias de la Fiscalía General, ni tampoco reestructurar por completo la Fiscalía”.

Lo que se buscaba con el decreto ley, insiste la demanda, era crear la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres; que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Al fin y al cabo, así está anunciado al principio de la norma. Sin embargo, “su contenido no se ciñe a desarrollar los cometidos del Acuerdo Final de Paz, ni a su implementación, sino que se extienden a establecer una nueva estructura y una planta distinta de un ente que, como la Fiscalía, no hace parte de la Justicia Especial de Paz”.

Si algo queda claro con el Decreto Ley 898 de 2017, el cual facilitó la reestructuración de la Fiscalía, es que la administración de Néstor Humberto Martínez quedó absolutamente comprometida con el Acuerdo de Paz con las Farc. Al menos en el papel. El decreto, emitido por el presidente Juan Manuel Santos justo el último día de vigencia de sus facultades especiales para asuntos de la paz, señala que la conexión del decreto con la implementación del Acuerdo es absoluta, pues “robustece y define de manera más clara la capacidad de dirección estratégica y planeación de la entidad, para (…) enfocar los recursos de investigación y judicialización hacia las prioridades del Acuerdo de Paz”.

Este martes, en un evento público, la Fiscalía explicó un poco sobre la reorganización que se va a vivir en la entidad por cuenta del Decreto Ley 898. Por ejemplo, señaló que en total se suprimieron 254 cargos, aunque el número de gente que va a salir del organismo es mucho más alto: 4.706 personas. Eran cargos “que no estaban provistos, ni jamás lo estuvieron, por absoluta falta de financiación del presupuesto nacional”, aclaró la Fiscalía. Lo más importante de la reestructuración, dicen sus voceros, es que fueron designados más de 500 fiscales para llegar a territorios “del posconflicto”.

Así las cosas, se designaron fiscales para 43 municipios azotados por la guerra, donde la Fiscalía nunca había tenido presencia. Entre ellos Mapiripán (Meta), recordada por la masacre paramilitar de 1997; Arauquita, Cravo Norte y Fortul, municipios de Arauca duramente golpeados por la guerrilla, y Trujillo, en el Valle del Cauca, donde los paramilitares asesinaron o desaparecieron a más de 300 personas entre finales de los 80 y principios de los 90. También, en lugares donde la violencia no da tregua como Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño), se aumentó el número de fiscales a 31 y 25, respectivamente.

Sin embargo, no todos están contentos con este decreto ley. A la Corte Constitucional, que le hará control a la norma —como a todo lo aprobado en relación con el Acuerdo de Paz, tanto en Presidencia como en el Congreso—, ya llegó la primera demanda que impugna algunas determinaciones de la reestructuración de la Fiscalía: se radicó el pasado 23 de junio en Secretaría y la firman José Gregorio Galindo, exmagistrado de esa misma Corte, y Janethe Patricia Puentes, presidenta y representante legal del sindicato Unión de Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (Unicerti).

“Los derechos esenciales de las personas —entre ellos el trabajo— no pueden supeditarse a las finalidades coyunturales de quienes detentan el poder en un momento determinado de la historia, ni pueden ellos aprovechar determinada coyuntura o circunstancia —como podría ser en este caso el proceso de paz y la implementación de los acuerdos con las Farc— para golpear los derechos de las personas, en particular —a propósito de esta impugnación— los derechos y la estabilidad de los trabajadores”, señala el documento de 56 páginas.

En la demanda, el sindicato alega que al hacer tal reestructuración el presidente Santos se extralimitó, que fue “una invasión de la órbita constitucional del Congreso de la República”, y “en consecuencia es inconstitucional, con mayor razón si se lesionan derechos fundamentales”. En el texto se señala que no todos los artículos del Decreto Ley 898 de 2017 son excesivos frente a las facultades extraordinarias que tenía el presidente Santos, pero “para lograr ese cometido (de la implementación del Acuerdo) no era necesaria la supresión de cargos, ni dejar sin trabajo a servidores públicos que venían cumpliendo las funciones propias de la Fiscalía General, ni tampoco reestructurar por completo la Fiscalía”.

Lo que se buscaba con el decreto ley, insiste la demanda, era crear la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres; que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Al fin y al cabo, así está anunciado al principio de la norma. Sin embargo, “su contenido no se ciñe a desarrollar los cometidos del Acuerdo Final de Paz, ni a su implementación, sino que se extienden a establecer una nueva estructura y una planta distinta de un ente que, como la Fiscalía, no hace parte de la Justicia Especial de Paz”.