Luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe debe ser ahora manejado por la Fiscalía, su defensa acaba de presentar una solicitud ante el ente investigador. Su abogado, Jaime Granados, presentó ante el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, la libertad “inmediata” de su cliente, quien se encuentra con casa por cárcel por orden de la Sala de Instrucción del alto tribunal desde comienzos de agosto pasado.
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“Jaime Enrique Granados, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acudo, de forma respetuosa, ante su Honorable Despacho a fin de solicitar la adecuación de la investigación al procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, así como la libertad inmediata de mi prohijado”, señala el documento presentado por el defensor del expresidente a la cabeza del ente investigador.
Como menciona Granados en su solicitud, también pide que el proceso de Uribe, investigado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, adopte el procedimiento penal de la ley 906 de 2004 y no continúe con la ley 600 de 2000, bajo la cual la Sala de Instrucción estaba investigando formalmente a Uribe Vélez. Si el caso pasa a ley 906, como pide el equipo de abogados de Uribe, será un juez de control garantías el que estudie la solicitud de libertad.
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Aunque la determinación del alto tribunal se tomó el pasado 31 de agosto, solo fue un día después que la Corte notificó al expresidente de que su caso pasaba al ente investigador. El pasado 18 de agosto, Uribe renunció al Senado. Al día siguiente, su abogado radicó en la Corte Suprema una solicitud para que el caso fuera enviado a la Fiscalía, argumentando que, tras la renuncia de su defendido, sumado a que los hechos investigados no tendrían relación con sus funciones como congresista, el alto tribunal perdía la competencia para investigarlo.
La Sala de Instrucción señaló en un comunicado que, “respecto de las conductas imputadas, por tratarse de delitos comunes y, además, por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador, o que fueran su necesaria consecuencia, o el medio y oportunidad propicia para su ejecución o un desviado o abusivo ejercicio de funciones, resolvió remitir el proceso a la Fiscalía”, se lee en el comunicado de la corporación.
El origen del caso contra Uribe
En febrero de 2012, durante un debate de control político sobre la génesis y auge del paramilitarismo en Antioquia, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda presentó graves denuncias relacionadas con la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó, en el nordeste antioqueño. Cepeda reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de esa finca, y de un paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las Auc, la finca había sido sede del Bloque Metro de los paramilitares.
“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias. Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema para denunciar al congresista del Polo por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares.
En de septiembre de 2014, cuando ya Uribe Vélez ejercía en condición de senador, Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe.
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La Corte Suprema se tomó seis años para adoptar una decisión, y en febrero de 2018, archivó la denuncia contra Cepeda señalando que no había pruebas para avanzar en esa indagación. Asimismo, ordenó que quien debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno debía ser el expresidente. Seis días después, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema abrió otra investigación a Uribe Vélez y lo llamó a indagatoria, junto con el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada, quien habría participado en esos hechos.