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Emilio Tapia Aldana, el zar de la contratación en Bogotá, lleva desde la semana pasada preso en la cárcel La Picaleña de Ibagué. Allí está por una reciente orden del exdirector encargado del Inpec, el teniente coronel Joaquín Darío Medrano. Ahora, tanto su defensa como la Fiscalía piden que regrese a la cárcel La Picota, en Bogotá, donde estaba tras quedar señalado como protagonista del escándalo de Mintic y los $70.000 millones de dineros públicos que, por ahora, no han regresado.
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La defensa judicial de Tapia, condenado en el pasado por el carrusel de la contratación en Bogotá, envió una nueva solicitud al nuevo director del Inpec, el recién posesionado general Tito Yesid Castellanos. Explicó que Tapia debería volver a Bogotá, pues en la sección UME 4 de La Picota sus garantías de seguridad son más amplías.
Además, allí se le permitiría mantener la cercanía con su núcleo familiar cercano y podría darle continuidad a su proceso de colaboración por el caso MinTic. Desde el año pasado, Tapia ha asegurado que contará la verdad, tras presuntamente gestionar documentos falsos para quedarse con un billonario contrato de conectividad en el país. Un gran acuerdo que iba a materializarse en 7.000 centros digitales en zonas rurales de Colombia.
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Asimismo, la defensa de Tapia adhirió a una reciente petición de la Fiscalía, la cual sostuvo ante el Inpec que el lugar actual de reclusión de Tapia resulta en dificultades logísticas, que irían en contra de los derechos fundamentales suyos y de las víctimas de MinTic. Incluso, el ente investigador sostuvo que, al estar en La Picaleña, sería más difícil que el zar adelante gestiones para el reintegro de la plata.
El pasado 3 de marzo, el teniente coronel Medrano, quien es el encargado de Custodia y Vigilancia del Inpec, decretó la “cambiatón” de internos. No solo Tapia cambió de ciudad, el empresario Carlos Mattos, con quien al parecer el zar logró una amistad, terminó en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Todo porque cámaras de Noticias Caracol no captaron dando vueltas por Bogotá bajo custodia del Inpec, estando recluido y enjuiciado por, como él mismo lo confesó, sobornar jueces para acceder beneficios judiciales en 2016. El caso Hyundai.
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Otro de los internos que se esperaba fuera cambiado de lugar era el excongresista Eduardo Pulgar, condenado por intentar torcer un juez para ayudar socios políticos en la costa. El caso Unimetro. Medrano ordenó que volviera a Bogotá, desde el Batallón de Ingenieros Número 2 del Ejército, en Malambo (Atlántico). Sin embargo, su familia presentó una tutela la semana pasada y un juez de Soledad (Atlántico) suspendió su traslado, mientras estudia el recurso de fondo. Ahora, el Inpec debe responder si Tapia regresa a la capital del país.
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