Defensa de implicadas en caso Colmenares denuncian vulneración al debido proceso

Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero, procesadas por su presunta participación y conocimiento en la muerte de Luis Andrés Colmenares, radicada una acción de tutela para pedir la protección de los derechos del debido proceso y de tener un juez independiente e imparcial.

En la acción de 36 páginas, los abogados de las procesadas consideran que se ha vulnerado la independencia judicial puesto que la jueza 11 penal del circuito de Bogotá es investigada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia ante la denuncia presentada por el abogado Jaime Lombana Villalba, quien defiende los intereses de la familia Colmenares Escobar, después del arresto de 48 horas que le fue ordenado en su contra. 

Los accionantes hicieron claridad en el hecho de que “no estamos cuestionando el criterio o conducta emanados del despacho” judicial al que le fue adjudicado el proceso, sin embargo aclararon que con esta situación no se puede desempeñar con absoluta independencia en su calidad de juez de la República “situación que atenta contra los derechos fundamentales de las acusadas en este caso”.

Manifiestan que en contra de la funcionaria judicial fue interpuesta una denuncia por los delitos de privación injusta de la libertad y prevaricato por acción y por omisión, investigación que le fue asignada a la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema, Elka Vanegas Ahumada, y de la cual tendrá conocimiento la jefe de la Unidad, Martha Lucía Zamora quien es la fiscal del denominado caso Colmenares.

“Es juez de conocimiento frene al proceso en el que se investiga la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, sin embargo por una decisión incidental tomada al interior del proceso, se encuentra investigada por una fiscal que es subordinada de la doctora Martha Lucía Zamora Ávila, por lo que su suerte se encuentra dependiendo indirectamente de la fiscal del caso, gracias a una denuncia que le interpuso el apoderado de la víctima, en circunstancias jurídicamente contradictoria”, precisa la tutela.

En la fundamentación de la acción aseguran que “no existe independencia y autonomía” de la jueza que tomará una decisión de fondo por lo que suspendieron como medida cautelar de urgencia suspender indefinidamente la audiencia que se va a adelantar el próximo primero de abril en el complejo judicial de Paloquemao y además cambiar la designación de la fiscal que va a investigar a la funcionaria judicial.

Para los cuatro abogados que firman la tutela, es llamativo el hecho de que en tan solo 24 horas se hubiera hecho una designación especial puesto que estas adjudicaciones se toman con un plazo mínimo de dos semanas. Además consideran que se prejuzgó puesto que en la decisión del Fiscal General se habló de homicidio, lo cual es el punto central del juicio que iba a comenzar el próximo martes.

“Esta situación, solo lleva a concluir que la juez de conocimiento está sometida a presiones externas, tiene objetividad y sus criterios coartados y sometidos por una actuación emanada de las partes del proceso: una denuncia interpuesta por el apoderado de las víctimas –que como se observa toca los límites de lo temerario y de lo ilegal- y la investigación de dichos hechos, adelantada por una subalterna de la fiscal del caso”, se indica.

En este sentido se indica que es evidente las presiones a las que sería sometida la juez a la hora de emitir una decisión final, lo que afectaría gravemente a las acusadas y la recta administración de justicia. “Está sometida a presiones y actuaciones de aquel que funge como parte en el proceso, presiones además que son de carácter penal, pues de lo que depende una formulación de imputación y una eventual medida de aseguramiento, es de una simple orden que emane de la doctora Martha Lucía Zamora Ávila”.

Por estos hechos se considera que en este caso se está presentando una “coacción, limitación y presión” para la jueza de conocimiento “óbice que manifiestamente pone en tela de juicio su imparcialidad desde el punto de vista objetivo, que atentará de manera diáfana y manifiesta contra los derechos fundamentales al debido proceso y al juez natural, independiente e imparcial”.