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El abogado Pedro Enrique Aguilar León, quien defiende los intereses de Luis Alfonso Hoyos, aseguró que su cliente tiene el derecho constitucional a no asistir a la ampliación de interrogatorio al que fue citado por la Fiscalía General dentro de la investigación que se le adelanta por su presunto conocimiento en las actividades ilegales adelantadas por el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila.
“Él (Hoyos) tiene el derecho a guardar silencio, es un derecho constitucional y por lo tanto no se puede entrar a discutir”, precisó el jurista quien manifestó que no cuentan con las garantías procesales en la Fiscalía General para asistir a los interrogatorios. El ente investigador podría citar nuevamente al dirigente político caldense.
El abogado reseñó que en la diligencia del pasado 29 de mayo el exasesor espiritual se acogió a su derecho a guardar silencio, posición que sigue manteniendo. “El interrogatorio es un derecho del indiciado y no es una atribución impositiva de la Fiscalía General de la Nación, por lo tanto quien es citado a interrogatorio puede perfectamente acogerse al derecho constitucional a guardar silencio”.
Pese a que confirmó que su cliente se encuentra fuera del país, desconoce por el momento si va a solicitar asilo político o territorial. Igualmente prefirió no hacer ninguna referencia a los señalamientos que se han hecho en contra de Hoyos. “No he solicitado la reprogramación del interrogatorio”.
Hoyos es investigado por presuntamente haber contactado al ‘hacker’ Sepúlveda Ardila con el fin de iniciar una campaña de desprestigio en contra de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, así como la obtención de información privada sobre los negociadores del Gobierno y la guerrilla de las Farc en el proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba).
Según las pruebas recolectadas, Hoyos habría acompañado al ‘hacker’ a las instalaciones del Canal RCN con el fin de presentar una información sensible sobre las negociaciones de paz. Para la Fiscalía General es evidente que existe una relación entre el exasesor espiritual y el experto en informática, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.
Sepúlveda Ardila, quien firmó un preacuerdo con el ente investigador, aseguró que Hoyos le dio instrucciones con el fin de conseguir información para afectar el proceso de paz. En repetidas oportunidades, según su declaración, Hoyos fue a su oficina para entregarle el dinero en efectivo para financiar sus actividades.
Los investigadores buscan establecer si el exdirigente político de Caldas asistió a la oficina de Sepúlveda con el entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, reunión que quedó registrada en un video hecho con un teléfono celular por parte Rafael Revert. Sepúlveda habría recibido un pago por su trabajo en las redes sociales y otro para conseguir información reservada de inteligencia.