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Una vez se ratificó, en segunda instancia, la condena de más de siete años de prisión contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por nexos con paramilitares, la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, quienes defienden los intereses del político, manifestaron que acudirán a instancias internacionales, ya que consideran que se le vulneraron las garantías procesales al político. Los abogados expresaron que rechazan la condena porque hubo irregularidades en el caso que derivó en una decisión equivocada.
Firma Víctor Mosquera Marín Abogados - Comunicado de Prensa sobre la injusta condena contra @LuisAlfreRamos acudiéremos a todas las instancias nacionales e internacionales necesarias. pic.twitter.com/fHd9sS7ujF
— Firma Victor Mosquera Marin Abogados (@VMMAbogados) April 22, 2022
El documento emitido por la firma de abogados expresa el “profundo rechazo por la injusta decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de condenar en segunda instancia al Dr. Luis Alfredo Ramos Botero”. Según los defensores de Ramos, el proceso estuvo viciado por “graves violaciones a derechos humanos e irregularidades”, dentro de las cuales rescataron el episodio en el que se filtró parte del proyecto de sentencia condenatoria contra el político.
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El expediente de Ramos que se inició en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo dos sucesos de filtración. El primero ocurrió cuando el proceso estaba en poder del magistrado Eyder Patiño, y el segundo, cuando el caso llegó al escritorio del magistrado de la Sala de Primera Instancia, Ariel Augusto Torres. El político antioqueño, por esa serie de situaciones, presentó acciones de tutela en las que pedía el amparo de los derechos al buen nombre, honra y debido proceso, y además, que se apartara del expediente al magistrado Torres.
La Corte Constitucional le dio la razón en el amparo de los derechos, pero consideró que el magistrado Torres no debía apartarse del caso. Aunque esa decisión quedó en firme, el togado, días más tarde, presentó un impedimento para conocer el caso, pues consideró que no contaba con la imparcialidad requerida. No obstante, una vez más se quedó con el expediente en su despacho debido a que la Corte Suprema no aceptó su recurso. Así las cosas, continuó con el proyecto de ponencia que llevó a Ramos a su condena. Este hecho, dice la defensa del condenado exalcalde de Medellín, sería uno de los múltiples actos que habrían afectado la decisión final en contra de su representado.
Otro de los puntos que busca apelar la firma de abogados es que, para la toma de la decisión final que condenó a Ramos, el alto tribunal se basó en “los testimonios de personas que se encuentran imputadas por la Fiscalía por el delito de falso testimonio y que hacen parte de un carrusel de falsos testigos”. La defensa del sentenciado parapolítico dice que “incluso uno de ellos ya fue condenado por haber aceptado cargos por el referido delito”.
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La lista de presuntas irregularidades que señala la firma de abogados incluye la detención preventiva de Ramos por tres años, así como “la filtración a los medios de comunicación de un proyecto no discutido de sentencia condenatoria”. Para los defensores del condenado político, se desconoció el estándar internacional.
En el documento, los abogados también manifiesta que Ramos no tuvo los medios ni el tiempo adecuado para defenderse y “se vio forzado a rendir indagatoria sin tener conocimiento sobre el caso que era llevado en su contra”. Los defensores sostienen que ni el político “ni su defensa tuvieron la posibilidad previa de tener acceso al expediente y conocer las pruebas que obraban en su contra”.
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Uno de los puntos que también resaltó la firma de abogados fue el tiempo que duró el caso contra Ramos, pues el proceso duró 11 años y dos meses. Según los abogados, el caso, que inició el 2 de febrero de 2011 y finalizó con la condena en segunda instancia contra de su representado en abril de este año, “resulta abiertamente irrazonable y que desconoce el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas”.
La sentencia condenatoria contra Ramos lo obliga a pagar casi ocho años de prisión (95 meses), porque el alto tribunal encontró que el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia se alió con grupos paramilitares entre 2001 y 2007. La Corte encontró incontrovertible que Ramos accedió a aliarse con varios comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y terminó promocionando y perpetuando su actividad criminal.
Para la Corte, Ramos se asoció “con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales. Asimismo, el alto tribunal sostuvo que estas acciones contribuyeron “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.
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