Este martes 3 de noviembre, la defensa de Miguel Andrés Quintero Calle, exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde de esa ciudad, Daniel Quintero, interpuso una acción de tutela con la que buscan frenar su traslado a la cárcel de alta seguridad de Cómbita, en Boyacá. Los hechos se producen luego de que, el pasado 30 de octubre, un juez penal del circuito de Medellín revocara la medida de aseguramiento domiciliaria que cumplía Quintero.
La acción de tutela está dirigida contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la República. Según la defensa, la decisión de trasladarlo lo aleja “de su domicilio, de su familia y del lugar en donde se adelanta el proceso en su contra”.
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En el documento, sus abogados señalan que: “En un Estado Social de Derecho como el nuestro, la dignidad humana es una garantía inherente a cualquier persona, independientemente de su condición, procedencia, vínculos familiares o circunstancias políticas”. Asimismo, aseguran que la privación preventiva de la libertad no constituye una condena ni autoriza tratamientos que puedan convertirse en mecanismos de “exposición, escarnio o reproche público”.
Línea seguida, mencionaron que la facultad del Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia, de ordenar traslados, "no es discrecional, caprichosa, ni puede convertirse en una forma de persecución política". Según el recurso, todo traslado debe ser motivado por circunstancias probadas y razonables, y debe respetar el debido proceso, detecho de defensa y unidad familiar, aún más cuando hay menores de edad de por medio, en referencia a los hijos de Miguel Quintero.
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Asimismo, señalaron que el domicilio, arraigo y familia de Quintero están en Medellín, ciudad en la que además se adelanta el proceso en su contra. "Su reclusión en Boyacá constituye una forma de instrumentalización política, lo separa de su núcleo familiar, en especial de su hija menor de edad, y lo aleja de sus abogados y de las audiencias, con grave afectación a sus derechos de defensa y debido proceso", se lee en el documento.
Agregaron también que el traslado se ordenó con fundamento en un supuesto riesgo de fuga, "fin que paradójicamente fue descartado por todos los jueces que conocieron de la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación".
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En esa línea, piden que "se le apliquen los mismos criterios que a cualquier ciudadano y se le respeten sus garantías mínimas". Por ello, aseveró: "Su apellido no puede convertirse en razón para un trato más gravoso y abiertamente indigno".
Quintero Calle fue vinculado formalmente en septiembre a una investigación por el presunto direccionamiento irregular de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en los que, según el ente acusador, se habría causado un detrimento patrimonial superior a COP 2.481 millones.
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Por estos hechos fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El pasado 2 de octubre, el juez 27 de control de garantías de Medellín impuso a Quintero detención preventiva en su domicilio, tras las audiencias preliminares que se prolongaron durante varias semanas.
De acuerdo con la Fiscalía, el presunto direccionamiento de contratos del AMVA al Cuerpo de Bomberos de Itagüí para la entrega de elementos de protección y kits de bioseguridad ocurrió durante la pandemia de covid-19. Los proyectos sumaban COP 17.656 millones, distribuidos en contratos suscritos entre 2020 y 2023. De ese monto, se habrían desviado más de COP 2.400 millones hacia terceros mediante comisiones que inicialmente fueron del 20 % y luego del 15 %.
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Según el ente investigador, Quintero habría liderado, durante la alcaldía de su hermano, Daniel Quintero, un entramado para utilizar la estructura administrativa del AMVA en favor del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, con el fin de adjudicarle directamente esos proyectos.
La teoría de la Fiscalía señala que el AMVA giraba los recursos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí y, posteriormente, la unidad que dirigía Misael Alberto Cadavid emitía cheques de COP 50 millones a nombre de personas de confianza, entre ellas Germán Osorio, conductor de la institución. La comisión pactada inicialmente era del 20 %.
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En junio de 2020, según la investigación, Quintero se habría reunido con Cadavid y Álvaro Alonso Villada para renegociar el acuerdo y reducir la comisión al 15 %, porque el porcentaje inicial “resultaba excesivamente gravoso” para el contratista. Según la imputación fue entonces cuando se habría alcanzado el nuevo pacto sobre contratos cuyo valor total ascendía a COP 17.656 millones.
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