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La defensa de Nicolás Petro solicitó ante el juez 13 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla la revocatoria de la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad que le fue impuesta en agosto de 2023, argumentando que ha recibido supuestas amenazas de muerte.
Según informó W Radio, su abogado, Alejandro Carranza, solicitó al juez que conceda su libertad o, en caso contrario, que modifique la restricción para limitarla únicamente a la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades. Inicialmente, la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento iba a ser presentada en el Complejo de Servicios Judiciales de Soledad (Atlántico), pero la defensa desistió y retiró la petición.
Actualmente, Petro enfrenta restricciones que le impiden salir de la ciudad de Barranquilla en el marco del proceso judicial que se adelanta en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la audiencia preparatoria del juicio, celebrada el pasado 13 de enero, Nicolás Petro reiteró su inocencia frente a los cargos en su contra. “Señor juez, no, yo soy inocente”, manifestó ante la pregunta del magistrado.
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Aunque Petro mantiene firme su postura, se sabe que el hijo del presidente Gustavo Petro está en conversaciones con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que le permita obtener beneficios jurídicos a cambio de la aceptación de los cargos. Sin embargo, hasta el momento, las negociaciones no han llegado a una conclusión definitiva y siguen en curso, sin que se pueda prever cuándo se alcanzará una resolución o si finalmente se alcanzará un pacto entre las partes involucradas.
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Durante la audiencia preparatoria, la defensa de Petro presentó una lista de más de 30 personas que podrían ser citadas como testigos en el juicio. El abogado Carranza destacó a varias figuras clave para esta etapa del proceso, entre ellas el político Máximo Noriega; Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022; así como Germán Burgos, Raymond Mauricio Montaño y Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos.
Asimismo, la defensa incluyó en su solicitud a Samuel Santander Lopesierra, exnarcotraficante conocido como “El Hombre Marlboro”, señalado por la Fiscalía de haber aportado al menos $500 millones a la campaña de Gustavo Petro, fondos que presuntamente fueron desviados por su hijo. También fueron llamados su hija, Mónica Lopesierra, y Gabriel Hilsaca, quien habría contribuido económicamente con el mismo propósito. Además, se citó a la expareja de Petro Burgos, Daysuris Vásquez.
Ante el despacho de Hugo Carbonó, el abogado del hijo del presidente también pidió la comparecencia del empresario barranquillero Christian Daes; la exvicefiscal general Martha Mancera, quien ocupó el cargo durante la administración de Francisco Barbosa; y el fiscal Mario Burgos, quien estuvo a cargo del caso antes de ser relevado por presuntamente haber filtrado información del proceso.
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