La defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, envió una misiva al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. En ella solicitó la intervención del Ministerio Público en el principio de oportunidad a favor de dos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el marco de la investigación que se adelanta por el caso de corrupción en la entidad.
Puntualmente, Sandra Ortiz pide al ente de control oponerse a la aplicación del principio de oportunidad a favor de Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la misma entidad. Según la carta, firmada por el abogado Mauricio Camacho Fernández, la Fiscalía General de la Nación ha otorgado “exagerada protección y credibilidad” a ambos exfuncionarios, a pesar de que ellos mismos han reconocido su responsabilidad en el entramado de corrupción.
Lea: Procuraduría advierte fallas en la respuesta del Estado a la explotación sexual de menores
“Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía les ha otorgado a estos señores, pues, a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia, al parecer han llegado a inducir en error a magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia”, se lee en la misiva.
La carta también cuestiona la posición del ente investigador frente a los exfuncionarios: “Es deleznable la manera como la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte elaboró y sometió a control de la judicatura un acta de preacuerdo con el Sr. Olmedo López”, señalando que, en días pasados, una magistrada del Tribunal confirmó el auto que había negado la aprobación y llamó la atención a la Fiscalía por la manera “inusual” en la que se omitieron delitos como el de peculado.
Le puede interesar: Tres soldados del Ejército murieron en ataque con drones en frontera con Ecuador
La defensa de Sandra Ortiz también advierte sobre una denuncia por falsos testimonios y fraude procesal interpuesta por el abogado Jaime Lombana, defensor de Iván Name, expresidente de la Cámara de Representantes. En ese recurso, el abogado sostiene que tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla, de la mano de los peritos que contrataron, habrían elaborado un dictamen con información falsa, que habría sido determinante para las decisiones judiciales que llevaron a la cárcel tanto a Sandra Ortiz como a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle.
Asimismo, en la misiva el abogado Camacho Fernández señala la supuesta manipulación de pruebas técnicas, relacionada con la información entregada por la empresa de telefonía Movistar. Según la carta, el número atribuido a Sneyder Pinilla no registra actividad alguna en el periodo analizado en el International Mobile Equipment Identity (IMEI), el cual es un identificador único que tiene cada teléfono móvil.
Lea también: Congresista Jhoany Palacios seguirá en libertad en caso por prevaricato y peculado
La carta enviada al procurador concluyó señalando que las circunstancias expuestas “no son de poca monta y que ameritan una reflexión de lo relacionado, para que el Ministerio Publico después de conocer estas graves denuncias, fije su posición en la audiencia donde se va a aprobar la aplicación de un principio de oportunidad a los Señores Olmedo López y Sneyder Pinilla”.
El caso de Sandra Ortiz
El pasado 10 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá decidió que Sandra Ortiz irá a juicio oral, luego de negar en segunda instancia la solicitud de preclusión presentada por su defensa dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Ungrd. La exfuncionaria es acusada por el ente investigador como la presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Más noticias judiciales: Ofrecen recompensa de más de COP 600 millones por “Primo Gay”, jefe de disidencias Farc
En su decisión, el despacho concluyó que no existen impedimentos para que la exconsejera avance a juicio, pese a que la procesada ha negado en varias ocasiones los señalamientos en su contra. La defensa había solicitado el cierre del caso al considerar que la Fiscalía no habría sido clara sobre un contrato relacionado con el municipio de Repelón (Atlántico).
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
