El abogado Daniel Prado Albarracín, quien representa a los intereses de las víctimas del grupo paramilitar conocido como "Los 12 Apóstoles", le solicitará en los próximos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le otorgue medidas cautelares.
Esto tras la publicación de un video en el cual el senador Álvaro Uribe Vélez lo acusa de ser un guerrillero. Para el jurista estos señalamientos ponen en riesgo su integridad personal y la vida de su familia.
"Uribe me cambió el código penal por un fusil y la pinta de abogado por un camuflado, cuando vi la declaración sentí que me convirtió en un actor del conflicto, me sacó de la legalidad en la cual se han realizado siempre mis actos y me puso en la mirada de los paramilitares", explicó.
Según Prado Albarracín el expresidente de la República pareciera que estuviera dando "una orden" hecho por el cual teme por su vida. "Si el cree que mis actos son ilegales debe denunciarlos ante las autoridades competentes como yo lo he hecho".
Debido a la gravedad de las acusaciones hechas en su contra por Uribe Vélez, el abogado considera que el Estado le debe brindar todas las garantías de protección y seguridad "para el ejercicio libre de mi profesión".
"Si algo me llega a pasar a mi o a mi familia el único responsables por acción es el señor Álvaro Uribe Vélez y por omisión el Estado colombiano", aseguró el jurista quien asegura que esos señalamientos no tienen ningún fundamento.
Las acusaciones hechas por el congresista se publicaron después de la captura de su hermano, el empresario Santiago Uribe Vélez en el marco de la investigación por sus presunta participación en la conformación y expansión de "Los 12 Apóstoles" en el municipio de Yarumal (Antioquia).
Prado, quien representa a las familias de las víctimas de este grupo paramilitar, fue tildado de ser exguerrillero, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo "que estafó al Estado con dinero de las falsas víctimas de Mapiripán".
Uribe Vélez es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Según los testigos habría ordenado la conformación de dicho grupo armado ilegal en su finca "La Carolina" junto a otros empresarios y ganaderos de la región.
Actualmente se encuentra cobijado con medida de aseguramiento en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia). En los próximos días se deberá definir la situación jurídica del ganadero, es decir si se llama a juicio o si es absuelto de manera definitiva.
Por Redacción Judicial
