Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por falta de pago y crisis presupuestal, los defensores públicos del país decidieron salir a cese de actividades a raíz de las dificultades que se acentúan cada vez más en sus labores. El sindicato de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep) señaló en un reciente comunicado que más de 4.200 defensores y contratistas siguen sin honorarios. En respuesta a la crítica situación, los funcionarios citaron para este martes 20 de enero el cese.
Según señalaron funcionarios de la entidad, la crisis corresponde a un tema directamente del Ministerio de Hacienda, pues el Plan Anual Mensualizado de Caja para el mes de diciembre no fue expedido a tiempo a pesar de las solicitudes de la misma Defensoría para agilizar el trámite. En consecuencia, la falta de pago está afectado económicamente a los defensores públicos.
“La situación descrita constituye un grave menoscabo a los derechos fundamentales de quienes garantizan el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables del país. Son trabajadoras y trabajadores que hoy enfrentan endeudamiento, precariedad económica, afectación directa a sus familias y una lucha diaria por la subsistencia”, señaló el sindicato en un comunicado conocido por Caracol Radio.
Además del cese de actividades, los funcionarios también citaron a movilizaciones en las principales ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín. Los defensores solicitan inicialmente el pago de los honorarios adeudados, así como un incremento salarial para 2026.
Jueces respaldan a los defensores y piden garantías dignas
A través de un comunicado, los Jueces Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá expresaron su respaldo a los defensores públicos del país en el marco del cese de actividades que se adelanta este martes en el Complejo Judicial de Paloquemao. Además de solidarizarse con los funcionarios, los jueces resaltaron la importancia de su trabajo dentro del sistema penal debido a la garantía al acceso oportuno y efectivo a la justicia.
“A la fecha, resulta evidente que los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado, viéndose afectadas sus condiciones laborales y profesionales. Dichas condiciones se han deteriorado progresivamente, particularmente desde el momento en que dejaron de percibir honorarios acordes con la importancia de su función y con el incremento justo que merecen”, se lee en el comunicado.
En esa misma línea, los jueces pidieron garantías dignas para hablar de derechos y justicia. “No es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”, señalaron.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
