La Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín Ortiz, se pronunció sobre recientes videos y fotografías difundidos en redes sociales, en los que se evidencia la presencia de grupos armados dentro de instituciones educativas en zonas rurales de los departamentos de Nariño y Cauca. Según explicó la entidad, estas personas estarían ingresando a los colegios para distribuir propaganda y entregar útiles escolares, así como para utilizar y ocupar los espacios educativos.
Sin embargo, la Defensoría señaló que los hechos trascienden la suspensión de las clases. “La presencia de actores armados genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes, lo que incrementa el ausentismo, la deserción escolar y la interrupción de sus trayectorias educativas, afectando el ejercicio efectivo del derecho a la educación y a un buen futuro”, señaló el comunicado.
Lea: Informe de la CIDH alerta por asesinatos, amenazas y censura contra periodistas en Colombia
La Defensoría también aseguró que esta exposición incrementa el riesgo de los menores de ser reclutados forzadamente, así como el riesgo de violencia sexual y de otras afectaciones en el marco del conflicto armado, lo que, según la entidad, “profundiza su vulnerabilidad y debilita las garantías para su desarrollo integral”.
En el comunicado, la Defensoría del Pueblo señaló que, en esa línea, los grupos armados están obligados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción y precaución. “En este sentido, deben abstenerse de ocupar o afectar bienes de carácter civil, como los establecimientos educativos, y evitar cualquier acción que genere riesgos previsibles para la población civil, especialmente niñas, niños y adolescentes”.
Le puede interesar: Masacre en Cúcuta (Norte de Santander) deja tres muertos y tres heridos
Siguiendo esa línea, la Defensoría indicó que, específicamente, la Declaración sobre Escuelas Seguras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus directrices establecen que las partes en conflicto deben evitar el uso, la ocupación y la destrucción de los establecimientos educativos.
Por estos hechos, señaló que resulta urgente que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales adopten medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de las comunidades y la seguridad en los entornos escolares, promoviendo no solo el acceso, sino también la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
