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La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, envió un contundente mensaje sobre los comicios electorales del próximo 31 de mayo y el compromiso por unas elecciones libres y en paz. Esto, luego de que varios candidatos a la presidencia, como Paloma Valencia, Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, recibieran amenazas a través de redes sociales.
Marín Ortiz señaló que, si bien todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente: “En la Defensoría del Pueblo hemos hecho seguimiento, entre el 13 de marzo y el 15 de abril, al compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia, que establece como ejes normativos y éticos la primacía de la vida y la no violencia”.
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Asimismo, la defensora del pueblo indicó que en el análisis se identificaron múltiples manifestaciones de violencia política, como amenazas de muerte, estigmatización y difamación. “Esta violencia no afecta a todas las candidaturas por igual y está reproduciendo desigualdades estructurales”, aseguró Marín Ortiz.
Según explicó la funcionaria, se evidencia una alta recurrencia de la violencia contra las mujeres en la política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales. Además, se presentan agresiones por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas.
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Agregado a esto, Marín Ortiz confirmó que se presentan afectaciones a sedes, así como la presencia de actores armados en eventos públicos. Estas violencias, según la defensora, son amplificadas en algunas ocasiones en entornos digitales y, en algunos casos, por voces con alta visibilidad pública, “incrementando el escalamiento hacia formas más graves de violencia que afectan la deliberación democrática y que propician escenarios de autocensura y silenciamiento”.
Iris Marín aseveró que, puntualmente, son Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins quienes suelen sufrir agresiones de violencia contra las mujeres en política o violencias por prejuicio, estigmatización y difamación. Además, señaló que Iván Cepeda y Quilcué sufren con alta recurrencia estigmatización y difamación.
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La Defensoría también explicó que a Luis Gilberto Murillo y Quilcué se refieren con afirmaciones racistas. “En contra de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se evidencian situaciones de difamación. La campaña de Sergio Fajardo recibe también un lenguaje ofensivo. Este panorama confirma que la violencia política está incidiendo de manera directa en el ejercicio de los derechos políticos”.
La defensora del pueblo señaló que estos hechos inciden de manera directa en el ejercicio de los derechos políticos. “Los ambientes de miedo, autocensura, desinformación y hostilidad que se están generando deterioran la deliberación democrática y pueden restringir en la práctica el derecho de la ciudadanía a elegir libremente”.
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Es por esto que la Defensoría del Pueblo instó a todas las instituciones a reforzar sus actuaciones para mitigar estas situaciones en el marco de sus competencias, especialmente a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP). También pidió a los movimientos políticos y las campañas “rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos”.
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