Tras una serie de visitas a las cárceles del país, la Defensoría del Pueblo entregó un informe que evidencia la persistencia de vulneraciones y violaciones de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Dentro de los hallazgos en el segundo semestre de 2025, la entidad destacó que persisten fallas estructurales como hacinamiento, fallas en la alimentación y afectaciones a la resocialización de mujeres privadas de la libertad.
Para esto, la Defensoría visitó 20 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional con 33.567 reclusos y evidenció carencias que impactan de manera directa la dignidad humana y la salubridad. El déficit de camas, la insuficiencia de unidades sanitarias y la ausencia de espacios adecuados para garantizar el derecho a la visita íntima fueron algunos de los hallazgos.
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En cuanto a la prestación de servicios de salud, la entidad detectó barreras recurrentes como demoras en la autorización de procedimientos, dificultades para la asignación de citas especializadas y problemas de abastecimiento de medicamentos. La problemática se evidenció de manera más crónica en La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá.
Asimismo, la Defensoría señaló que el 19,4% de las audiencias judiciales de las personas privadas de la libertad son aplazadas por fallas de conectividad, falta de computadores o inasistencia de los jueces. Otra de las barreras que evidenció la entidad fue la aplicación de la Ley de Utilidad Pública. En solo tres centros de reclusión fueron identificadas 231 mujeres candidatas a la aplicación de la sustitución de la pena de prisión contemplada en esa Ley.
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“Este hallazgo indica la necesidad de aumentar el esfuerzo colectivo con jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para contribuir a que accedan a la justicia y, en particular, al tratamiento penal diferenciado, con enfoque de género y respuestas diferentes a la prisión. Adicionalmente, deben ser priorizados los trabajos restaurativos”, apuntó la Defensoría.
La infraestructura fue otra de las problemáticas que evidenció la entidad. Esta situación obliga a un número significativo de personas a dormir en el suelo, en pasillos o en estructuras improvisadas; lo cual, además de desconocer los estándares constitucionales mínimos, agrava riesgos en salud, seguridad y convivencia.
“Un hallazgo especialmente crítico es la ausencia de espacios adecuados para la visita íntima. Solo el 20 % cuenta con zonas específicas destinadas para este fin, pero las condiciones materiales son incompatibles con la dignidad humana, la privacidad y la salubridad”, agregó la entidad.
En los Centros de Detención Temporal la Defensoría pudo establecer que la infraestructura pensada para permanencias cortas, no superiores a 36 horas, se está constituyendo en espacios de estancias prolongadas, con déficits considerables en ventilación, luz natural, acceso a recreación. También registró brechas en el acceso al sistema de defensa, información procesal y mecanismos seguros de quejas.
Según los hallazgos de la Defensoría, el 82,5 % de las personas lleva más de 36 horas en estas instalaciones y el 15 % superó el año. Asimismo, detalló que hay instalaciones precarias, espacios reducidos, ventilación deficiente, iluminación inadecuada y ausencia de áreas separadas para dormir, alimentarse o realizar las necesidades fisiológicas. Tampoco se garantiza la separación entre condenados y sindicados, y entre hombres y mujeres.
En estos centros de detención, las condiciones de salubridad también son una problemática. Según evidenció la Defensoría, en algunos establecimientos hay un sanitario para 125 personas lo que evidencia una carencia de acceso a servicios básicos de higiene y configura una vulneración directa a la dignidad humana. Esta situación se suma a la precariedad en salud.
La mayoría de los establecimientos no cuenta con personal médico permanente ni con protocolos claros para la atención de urgencias, la provisión de medicamentos o la remisión oportuna a servicios de mayor complejidad. Además, el personal policial que ejerce la vigilancia no cuenta con la capacitación en su profesión para la prestación de estos servicios.
Dentro de las recomendaciones de la Defensoría para hacerle frente a la crisis está la necesidad urgente de humanizar las penas, la reconfiguración presupuestal, la reforma al Sistema General de Participaciones y la transición alimentaria.
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