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Como consecuencia de operativos del Ejército del vecino país en el Parque Nacional Yapacana, donde hay actividades de extracción minera ilegal, los cuales dejaron un saldo preliminar de dos fallecidos y seis heridos, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores informar el número de connacionales afectados por los hechos, e incluir en la agenda binacional con Venezuela el abordaje integral de la situación acaecida en la frontera entre los dos países.
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Los operativos militares del Ejército de Venezuela comenzaron a finales del 2022, razón por lo que la Defensoría del Pueblo emitió a comienzos de 2023 una alerta temprana, en la que fue advertido el riesgo para la población que directa o indirectamente participa en las explotaciones mineras de oro ilegales en zona limítrofe.
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“Desde la Defensoría del Pueblo, hace varios meses, advertimos los riesgos que corre la población civil en medio de los operativos de las fuerzas del orden del vecino país contra la minería ilegal en el sector del Cacique, estado Amazonas del vecino país. Recientemente, se presentó una aparente confrontación entre militares venezolanos y civiles dedicados a la extracción ilícita de oro en esa zona, lo cual dejó como resultado preliminar dos personas fallecidas y otras seis heridas de origen colombiano y venezolano”, señaló Camargo Assis.
A raíz de la situación, la Defensoría del Pueblo hace presencia en dos puntos instalados por la administración municipal, en el que son verificadas las condiciones de las personas que ingresan al casco urbano de la capital del Guainía, con el fin de garantizar la protección de sus derechos.
De acuerdo con información recopilada por el equipo de la Defensoría en el territorio, la cantidad de heridos y fallecidos en medio del denominado operativo ‘Autana’, a cargo del Ejército de Venezuela, podría aumentar. En consecuencia, la entidad colombiana protectora de los derechos humanos le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores informar el número de connacionales afectados por estos hechos, e incluir en la agenda binacional el abordaje integral sobre lo que está sucediendo.
El documento de prevención y protección, igualmente, focaliza las acciones que debe emprender la institucionalidad en Inírida y las áreas no municipalizadas conocidas como Cacahual, Puerto Colombia y La Guadalupe. “Esta zona fronteriza, con una dinámica variada de problemáticas, no puede pasar inadvertida por las autoridades competentes colombianas.
Sea esta la ocasión para recordarles que es oportuno atender nuestras recomendaciones formuladas en la Alerta. Los desafíos que allí surgen, dadas las características transnacionales, no pueden ser ignorados; por lo tanto, deben ser enfrentados con carácter binacional”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
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