La defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad en contra de la resolución del gobierno que designó como gestores de paz a exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Según la jefa de la entidad, el documento con el que el gobierno le dio luz verde a los exparas en su paz total tiene vacíos y carece de controles y participación de las víctimas.
En el documento de 56 páginas presentado ante la Sección Primera del alto tribunal, la defensora Marín resalta que la designación de 16 exintegrantes de las Auc como gestores de paz “afectan de manera grave y palmaria el orden público, político y social de la Nación”. Según se explica en el documento, lo hecho por el gobierno de Gustavo Petro “no se trata de un simple nombramiento con repercusiones individuales, sino de una decisión de política pública que altera la relación entre el Estado, las víctimas y la sociedad, generando un impacto directo en la estabilidad institucional y la confianza pública”.
Específicamente, la Defensoría del Pueblo se refiere a la designación de Salvatore Mancuso Gómez; Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”; Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido con el alias de “Macaco”; Fredy Rendón Herrera, conocido como “El Alemán” y Edward Cobos Téllez, conocido como “Diego Vecino”. Asimismo, en la resolución fueron designados Rodrigo Pérez Álzate, conocido como “Julián Bolívar”; Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”; Hernán Giraldo Serna; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, conocido como “El Águila”; Manuel de Jesús Pirabán, alias “Pirata”; Juan Francisco Prada Márquez, conocido como “Juancho Prada”; José Baldomero Linares Moreno, conocido con el alias de “Guillermo Torres”; Arnubio Triana Mahecha, conocido como “Botalón”; Héctor José Buitrago Rodríguez; y Héctor Germán Buitrago Parada.
La designación de los exjefes paramilitares, dice la demanda, “genera una grave afectación del orden político y social, el cual no se limita a la mera ausencia de desórdenes materiales, sino que comprende la preservación de la confianza ciudadana en las instituciones, la tranquilidad pública y la garantía de una convivencia pacífica basada en la justicia”. Iris Marín señala que la resolución “omite por completo la supervisión judicial, así como la inclusión y participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación y evaluación de dichas actividades. La composición del Comité Técnico, por ejemplo, se limita a un componente gubernamental y a los propios gestores de paz, excluyendo cualquier forma de representación de las víctimas, a pesar de que las funciones de dicho comité impactan directamente sus derechos”.
Por eso, dice el documento, “la Resolución 327 de 2025 fractura este pilar fundamental al investir con una función pública simbólica a quienes fueron máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sin tener en cuenta a las víctimas y demás actores del conflicto”. Según dice la Defensoría, “el acto introduce un mensaje ambiguo y corrosivo que debilita la credibilidad del Estado como garante de justicia, pues el poder ejecutivo legitima a los ex miembros de las AUC al tiempo que mina la autoridad moral del Estado y la confianza legítima de la ciudadanía en el imperio de la ley”.
Que no haya esta vigilancia por parte de autoridades judiciales y que no se tenga en cuenta a las víctimas, dice la defensora del Pueblo,“introduce un riesgo estructural de revictimización simbólica”. La razón expuesta por Marín es que “las víctimas directas de la violencia paramilitar, que han esperado por décadas una reparación integral que no llega, verán a sus victimarios elevados a un rol de interlocución con el Estado, sin que medie un proceso de reparación efectivo y sin su participación, lo que constituye una afrenta a su dignidad y un retroceso en los procesos de reconciliación comunitaria. La paz no puede construirse sobre la aflicción renovada de quienes ya han sufrido lo indecible”.
Mientras el estudio de la demanda avanza en el alto tribunal, Iris Marín solicitó que se suspenda provisionalmente la resolución “con el fin de que las órdenes en ella contenidas no sigan aplicándose mientras se adelanta y decide el presente proceso”.
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