El “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz” ya tiene un segundo informe. La Defensoría del Pueblo divulgó el reporte de los nueve puntos orientados a la protección de la vida, la adopción de una política de no violencia, la defensa de la democracia y de las instituciones, la promoción de un lenguaje constructivo, el posicionamiento de la información veraz, la visibilización del liderazgo juvenil y el respaldo a la protesta pacífica, de las 13 candidaturas presidenciales. El periodo del informe abarca desde el 16 de diciembre de 2025 hasta el 8 de abril de 2026. De estas candidaturas, siete han suscrito el Compromiso y seis no lo han hecho.
Si bien el cumplimiento de esos puntos que componen el compromiso se mantiene en un nivel medio, la Defensoría resaltó que todavía persisten desafíos importantes para unas elecciones libres y en paz sean una realidad. El monitoreo identificó niveles altos de cumplimiento en temas como la defensa de la democracia, respeto institucional y diálogo democrático. Sin embargo, los puntos relacionados con la adopción de una política de no violencia, el lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, la difusión de información veraz y el respeto a las manifestaciones y protestas pacíficas presentaron niveles bajos o críticos de cumplimiento o alineación.
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Según detalló la Defensoría, dentro de los principales retos está el uso de lenguaje ofensivo, misógino y homofóbico. Asimismo, persiste el lenguaje estigmatizante, acusaciones de delitos, asociación con grupos o prácticas criminales. A eso se le suma la difusión de información falsa, manipulada o sin que se aporten elementos de verificación para acusaciones graves.
En ese contexto, la entidad envió recomendaciones a las candidaturas presidenciales para fomentar el uso de lenguaje respetuoso, evitando la estigmatización y la descalificación personal; garantizar la verificación de la información difundida y abstenerse de realizar acusaciones sin respaldo; adoptar medidas concretas para prevenir y atender la violencia política, especialmente contra mujeres y poblaciones históricamente excluidas; y rechazar activamente el hostigamiento, incluyendo aquel que ocurre en el entorno digital, y fomentar una cultura de comunicación responsable.
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Este seguimiento al compromiso electoral se enmarca en la necesidad de fortalecer la calidad de la democracia y la protección de los derechos políticos. La iniciativa es impulsada por la Conferencia Episcopal, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la MAPP OEA y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, con el apoyo de ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Misión de Observación Electoral.
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