Tras el atentado contra una estación de Policía en Briceño (Antioquia) el pasado 3 de abril, la Defensoría del Pueblo señaló que las grave situación venía advertida desde el año pasado y que recientes hechos están recrudeciendo la violencia en esa zona. Por eso, pidió a las autoridades adoptar distintas medidas para proteger la población civil y hacerle frente a la crisis humanitaria y que se respete el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
A través de un comunicado, la entidad expresó su "preocupación por los recientes hechos de violencia ocurridos en Briceño, Antioquia, que confirman la materialización y el agravamiento de los riesgos advertidos en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 y su Oficio de Consumación (febrero de 2026)“. Además de referirse al tentado contra la estación de Policía, la Defensoría resaltó ”la interceptación de una ambulancia en la vía Yarumal-Briceño, que trasladaba a una persona herida en un accidente de tránsito, quien fue asesinada dentro del vehículo. Este hecho representaría un ataque directo contra la misión médica, protegida de manera especial por el DIH, en particular por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales".
La entidad dijo que los dos recientes hechos se suman a otros ya documentados “en el que se constató la ocurrencia de enfrentamientos armados, el uso de explosivos con efectos indiscriminados, desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios de personas protegidas y afectaciones a bienes civiles". Los dos últimos hechos, dice, confirman “la persistencia y agravamiento del conflicto armado en el territorio, así como el incumplimiento sistemático de las normas humanitarias por parte de los actores armados presentes en la zona”.
Lo ocurrido en los casos, en palabras de la Defensoría, “desconocen los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del DIH, exponiendo de manera directa a la población civil a los efectos del conflicto”. Alertó además el riesgo para la vida, integridad y seguridad de las comunidades, incluidos niños, niñas, adolescentes y líderes sociales.
Para la Defensoría, “el ataque contra la misión médica, dada su protección especial en el derecho internacional, reviste una gravedad particular y podría constituir un crimen de guerra conforme al Estatuto de Roma". Por eso, le exigieron al Clan del Golfo y al frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, que respeten el DIH, “en especial la protección de la población civil, la misión médica, los bienes civiles y los espacios comunitarios, absteniéndose de realizar acciones que generen daños indiscriminados o desproporcionados”.
En el documento, la Defensoría le pidió a la Fuerza Pública, la Gobernación de Antioquia y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) a adoptar una serie de medidas para hacerle frente a la situación:
- Activar protocolos de prevención y atención humanitaria ante posibles desplazamientos masivos o confinamientos.
- Implementar medidas urgentes y diferenciadas de protección para la población civil, con especial atención a sujetos de especial protección constitucional.
- Fortalecer la presencia institucional y garantizar la continuidad de servicios esenciales, especialmente la atención en salud.
- Adoptar acciones integrales, oportunas y efectivas para prevenir nuevas vulneraciones a los derechos humanos y al DIH, en línea con la ATI 019 de 2025 y su Oficio de Consumación.
Asimismo, pidió que se convoque a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) para analizar la situación humanitaria y de seguridad en Briceño, evaluar la materialización de los riesgos y definir medidas de prevención y protección, coordinar una respuesta estatal articulada, con enfoque diferencial y de derechos humanos. De igual manera, buscan determinar la activación de mecanismos adicionales de protección urgente, si es necesario.
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