Defensoría del Pueblo dice que seguridad de los exFarc permanece en “alto riesgo”
Un informe de ese organismo advierte que la seguridad de personas que pertenecieron a la desaparecida guerrilla de las Farc tienen que desplazarse de manera forzada ante las amenazas que reciben por grupos al margen de la ley y propuestas de las disidencias de retomar las armas.
En medio de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría hizo un preocupante anuncio sobre la situación que viven los antiguos miembros de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz y hoy se reincorporan a la sociedad. El organismo, que es encabezado por Carlos Camargo, señaló que la seguridad de los excombatientes de la desaparecida guerrilla permanecen en alto riesgo. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) en 2021, solo en 2021 fueron asesinados 36 excombatientes. En 2020, la cifra fue de 73 homicidios.
A diciembre de 2024 podrían ser 1.600 los excombatientes asesinados: Fiscalía de la JEP
En la actualidad, dice la Defensoría del Pueblo, ocurren acciones violentas contra personas en reincorporación señaladas de simpatizar o colaborar con distintos grupos armados ilegales, lo cual los obliga a su desplazamiento forzado. “La seguridad individual y colectiva de las personas en proceso de reincorporación está en un nivel de riesgo alto. Desde 2017 hemos emitido 81 alertas tempranas, en las que se advierten riesgos elevados para ellos en 131 municipios de 23 departamentos”, afirmó este jueves el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
Los nombres de los 242 excombatientes asesinados, 4 años después de la firma de la paz
Desde Granada (Antioquia), el defensor Camargo presentó el informe en el que se establece que el riesgo para esta población es elevado, sobre todo, en zonas rurales o de frontera, donde el Estado colombiano no hace presencia. “En especial hay exacerbación de la violencia en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y la Orinoquía, donde se registran afectaciones graves a la vida e integridad de personas en reincorporación. También se han identificado riesgos en Medellín, Bogotá y sus alrededores, donde hay factores de vulnerabilidad asociados, por ejemplo, a la estigmatización social en su contra”, dijo Carlos Camargo.
a las personas en proceso de reincorporación, como los líderes sociales o quienes luchan por los derechos en sus comunidades, no sean tildados de manera despectiva, sino que por el contrario se reconozca el valor de su trabajo diario. riesgo para población en proceso de reincorporación. Camargo pidió que no se estigmatice a las personas en proceso de reincorporación ya que “son una población en especial condición de vulnerabilidad. Por eso, es urgente la implementación de acciones de protección individuales y colectivas para esta población en riesgo, que se tomen en cuenta los escenarios advertidos por la Defensoría del Pueblo y que también sean flexibles y se adapten a las necesidades de dichas poblaciones, tanto en zonas rurales dispersas como en entornos urbanos”.
A comienzos de 2021, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que monitorea la implementación del Acuerdo de Paz indicó que “la principal amenaza para la implementación del Acuerdo Final sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz, contra las comunidades que han sufrido violencia durante décadas y contra los líderes sociales y los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre”.
En particular, la misión llamó la atención sobre la seguridad de los excombatientes en la zona que cubre la frontera entre Meta, Caquetá y Guaviare, donde grupos disidentes de las antiguas Farc han ampliado su control “y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos y saboteando sus iniciativas políticas y sociales”. Según el documento, varios dirigentes locales de la FARC en esa zona han salido por motivos de seguridad.
Esa delicada situación de orden público, de acuerdo con el informe, repercute negativamente en la reincorporación colectiva de los grupos de excombatientes que salen de los antiguos espacios territoriales. Mencionó los casos de las nuevas áreas de reincorporación en las que hubo desplazamientos masivos como El Diamante, La Pista y Nueva Esperanza (Meta), Algeciras y Neiva (Huila), y La Blanquita (Antioquia).
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En medio de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría hizo un preocupante anuncio sobre la situación que viven los antiguos miembros de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz y hoy se reincorporan a la sociedad. El organismo, que es encabezado por Carlos Camargo, señaló que la seguridad de los excombatientes de la desaparecida guerrilla permanecen en alto riesgo. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) en 2021, solo en 2021 fueron asesinados 36 excombatientes. En 2020, la cifra fue de 73 homicidios.
A diciembre de 2024 podrían ser 1.600 los excombatientes asesinados: Fiscalía de la JEP
En la actualidad, dice la Defensoría del Pueblo, ocurren acciones violentas contra personas en reincorporación señaladas de simpatizar o colaborar con distintos grupos armados ilegales, lo cual los obliga a su desplazamiento forzado. “La seguridad individual y colectiva de las personas en proceso de reincorporación está en un nivel de riesgo alto. Desde 2017 hemos emitido 81 alertas tempranas, en las que se advierten riesgos elevados para ellos en 131 municipios de 23 departamentos”, afirmó este jueves el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
Los nombres de los 242 excombatientes asesinados, 4 años después de la firma de la paz
Desde Granada (Antioquia), el defensor Camargo presentó el informe en el que se establece que el riesgo para esta población es elevado, sobre todo, en zonas rurales o de frontera, donde el Estado colombiano no hace presencia. “En especial hay exacerbación de la violencia en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y la Orinoquía, donde se registran afectaciones graves a la vida e integridad de personas en reincorporación. También se han identificado riesgos en Medellín, Bogotá y sus alrededores, donde hay factores de vulnerabilidad asociados, por ejemplo, a la estigmatización social en su contra”, dijo Carlos Camargo.
a las personas en proceso de reincorporación, como los líderes sociales o quienes luchan por los derechos en sus comunidades, no sean tildados de manera despectiva, sino que por el contrario se reconozca el valor de su trabajo diario. riesgo para población en proceso de reincorporación. Camargo pidió que no se estigmatice a las personas en proceso de reincorporación ya que “son una población en especial condición de vulnerabilidad. Por eso, es urgente la implementación de acciones de protección individuales y colectivas para esta población en riesgo, que se tomen en cuenta los escenarios advertidos por la Defensoría del Pueblo y que también sean flexibles y se adapten a las necesidades de dichas poblaciones, tanto en zonas rurales dispersas como en entornos urbanos”.
A comienzos de 2021, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que monitorea la implementación del Acuerdo de Paz indicó que “la principal amenaza para la implementación del Acuerdo Final sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz, contra las comunidades que han sufrido violencia durante décadas y contra los líderes sociales y los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre”.
En particular, la misión llamó la atención sobre la seguridad de los excombatientes en la zona que cubre la frontera entre Meta, Caquetá y Guaviare, donde grupos disidentes de las antiguas Farc han ampliado su control “y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos y saboteando sus iniciativas políticas y sociales”. Según el documento, varios dirigentes locales de la FARC en esa zona han salido por motivos de seguridad.
Esa delicada situación de orden público, de acuerdo con el informe, repercute negativamente en la reincorporación colectiva de los grupos de excombatientes que salen de los antiguos espacios territoriales. Mencionó los casos de las nuevas áreas de reincorporación en las que hubo desplazamientos masivos como El Diamante, La Pista y Nueva Esperanza (Meta), Algeciras y Neiva (Huila), y La Blanquita (Antioquia).
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