Defensoría del Pueblo dice que ya había advertido sobre falsos positivos
El organismo presentó un informe donde indica que varias veces alertó sobre el reclutamiento de jóvenes sin razón aparente.
El Espectador
La Defensoría del Pueblo presentó a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) el Informe de Riesgo N0 012 de 2007 y la Nota de Seguimiento N0 048 emitida el 3 de diciembre de 2007 advirtiendo sobre el incremento del fenómeno del reclutamiento en la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca.
Del mismo modo, en julio de 2008 se había alertado a las autoridades sobre el traslado de jóvenes reclutados por las nuevas estructuras armadas ilegales que se autodenominan “Águilas Negras” y “Organización Nueva Generación”.
Igualmente, en un Informe de Riesgo presentado por el SAT para los municipios de Tibú y el Tarra en el Norte de Santander, el pasado 28 de julio, la Defensoría del Pueblo anunció que menores de edad estaban saliendo de la Terminal de Transporte de la capital del país hacia el Catatumbo.
Asimismo, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se propició el traslado hacia el municipio de Ocaña de algunos de los familiares de los desaparecidos, y a quienes también se les brindó asesoría y orientación. El 29 de octubre de 2008 se adelantó una jornada de sensibilización en la Plaza de Soacha con la presencia de estudiantes de los colegios, de jóvenes adolescentes y de familiares de los desaparecidos en donde el Defensor del Pueblo condenó enérgicamente lo que vino a convertirse en las Ejecuciones Extrajudiciales de Ocaña y Cimitarra en el departamento de Santander.
De igual manera, se han reportado reclutamientos y desapariciones en otras regiones del país que son materia de investigaciones. Por ello, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortíz, ha venido solicitando a las autoridades competentes que se agilicen las investigaciones que se adelantan sobre las conductas constitutivas de Ejecuciones Extrajudiciales o “Falsos Positivos”.
“Han transcurrido casi seis meses desde que ocurrieron esos hechos lamentables y ya es hora de que se conozca el resultado de las investigaciones o el estado de avance en que se encuentran”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo presentó a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) el Informe de Riesgo N0 012 de 2007 y la Nota de Seguimiento N0 048 emitida el 3 de diciembre de 2007 advirtiendo sobre el incremento del fenómeno del reclutamiento en la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca.
Del mismo modo, en julio de 2008 se había alertado a las autoridades sobre el traslado de jóvenes reclutados por las nuevas estructuras armadas ilegales que se autodenominan “Águilas Negras” y “Organización Nueva Generación”.
Igualmente, en un Informe de Riesgo presentado por el SAT para los municipios de Tibú y el Tarra en el Norte de Santander, el pasado 28 de julio, la Defensoría del Pueblo anunció que menores de edad estaban saliendo de la Terminal de Transporte de la capital del país hacia el Catatumbo.
Asimismo, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se propició el traslado hacia el municipio de Ocaña de algunos de los familiares de los desaparecidos, y a quienes también se les brindó asesoría y orientación. El 29 de octubre de 2008 se adelantó una jornada de sensibilización en la Plaza de Soacha con la presencia de estudiantes de los colegios, de jóvenes adolescentes y de familiares de los desaparecidos en donde el Defensor del Pueblo condenó enérgicamente lo que vino a convertirse en las Ejecuciones Extrajudiciales de Ocaña y Cimitarra en el departamento de Santander.
De igual manera, se han reportado reclutamientos y desapariciones en otras regiones del país que son materia de investigaciones. Por ello, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortíz, ha venido solicitando a las autoridades competentes que se agilicen las investigaciones que se adelantan sobre las conductas constitutivas de Ejecuciones Extrajudiciales o “Falsos Positivos”.
“Han transcurrido casi seis meses desde que ocurrieron esos hechos lamentables y ya es hora de que se conozca el resultado de las investigaciones o el estado de avance en que se encuentran”, puntualizó el Defensor del Pueblo.