A las voces de rechazo por la suspensión temporal de la programación de las 20 emisoras de paz por orden de la nueva gerencia de Inravisión, sistema de medios públicos, se unió la Defensoría del Pueblo para pedir que se reevalúe la decisión y se le de continuidad a las emisoras que han sido clave para los territorios afectados por el conflicto.
A través de un comunicado, la Defensoría señaló que la decisión de suspender la programación regional e informativa de las emisoras, creadas a partir del Acuerdo de Paz de 2016, se debe reconsiderar de manera prioritaria para implementar medidas que garanticen la continuidad de la programación y el cumplimiento de su propósito.
“Las Emisoras de Paz no son emisoras públicas ordinarias. Fueron creadas en cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final para contribuir a la convivencia, la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la pedagogía sobre la implementación del Acuerdo en los territorios más afectados por el conflicto”, explicó la Defensoría.
Y agregó que la programación de estas emisoras es regional, informativa, cultural. Además de permitir que las voces de las comunidades históricamente afectadas por la violencia se puedan visibilizar, las emisoras permiten garantizar el acceso a la información y fortalecer los procesos territoriales de reconciliación y reconstrucción del tejido social, justo ahora que el país atraviesa una crisis humanitario tras el terremoto y los incendios en varios territorios.
En ese contexto, la Defensoría resaltó que las decisiones de su funcionamiento no puede abordarse como un asunto general. “El nuevo gobierno tiene la facultad de revisar y ajustar la programación de los medios públicos. Sin embargo, cualquier decisión que afecta a las emisoras de paz debe considerar su naturaleza especial y su enfoque informativo, territorial y diferencial, así como los compromisos derivados del Acuerdo Final”, dice el comunicado.
El llamado de la entidad es directamente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, también a Inravisión, para reevaluar de manera prioritaria la decisión y adoptar nuevas medidas que garanticen la continuidad de las emisoras de paz y su programación.
Sobre este tema, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Misión de Observación Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias también rechazaron la decisión de Inravisión. La Flip alertó en un comunicado que “la medida afecta el modelo de radio descentralizada que Radio Nacional construyó desde 2014 para producir información desde las regiones y amplificar voces territoriales. Aunque la medida haya sido anunciada como transitoria, centralizar la emisión en Bogotá limita la información local”.
Y agrega: “Suspender de manera generalizada su programación informativa y territorial no resulta idóneo, necesario ni proporcional para revisar sus contenidos. Una reorganización puede hacerse con alternativas menos restrictivas, y no puede desconocer su función de interés público”.
La orden de la suspensión temporal, o transitoria, se divulgó por parte de Inravisión a través de mensajes de WhatsApp. La instrucción fue cambiar la programación de las franjas para que fuera “exclusivamente musical”. Además, se centralizaron las emisiones desde Bogotá. “Se suspende temporalmente la emisión de noticias, boletines, programas informativos y espacios de locución, hasta nueva instrucción”, se lee en el mensaje.
Las emisoras de paz le dieron cumplimiento del 100% al numeral 6.5 del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las antiguas Farc. Ese punto estipuló que máximo en el 2026 debían quedar listas las emisoras, quienes administrarían su parrilla de contenidos, asignando espacios de manera equitativa a víctimas, movimientos sociales, cooperativas de las extintas FARC y el gobierno.
Estas emisoras están ubicadas en municipios como Florida, Bojayá, Arauquita, Puerto Leguízamo, Algeciras, El Tambo, Chaparral, Ituango, Convención, Fonseca y San Jacinto. Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado nuevamente.
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