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La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que alerta sobre la grave situación humanitaria que enfrenta el departamento del Guaviare, producto de la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales, la ausencia efectiva del Estado y las graves condiciones sociales y ambientales que afectan a las comunidades, en especial a los pueblos indígenas Nükak y Jiw.
Según informó la entidad, los hechos registrados en lo corrido del año confirman las advertencias de la alerta temprana 001 de 2025, que hacía un llamado sobre la intensificación del conflicto armado en la región, especialmente por el enfrentamiento entre las dos facciones disidentes de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Esta confrontación ha derivado en desplazamientos forzados, desapariciones, confinamientos y graves restricciones a la movilidad de la población civil.
Como parte del seguimiento que la Defensoría ha venido realizando en el territorio, y tras las visitas recientes del vicedefensor y la defensora del Pueblo, Iris Marín, al departamento, se identificaron varios puntos críticos que reflejan la magnitud de la emergencia: desaparición forzada, acción de grupos armados, violencia contra pueblos indígenas y poca ayuda humanitaria.
Desapariciones forzadas sin respuesta efectiva
La Defensoría señaló que acompañó a las comunidades del Guaviare en el seguimiento al caso de los ocho líderes sociales y religiosos desaparecidos desde el 4 de abril en el municipio de Calamar. Pero en la tarde del martes primero de julio, la Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de sus cuerpos sin vida, sepultados en una fosa común ubicada en zona rural de esa población.
Las víctimas fueron identificadas como Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri y Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. La ubicación de los cuerpos fue posible tras labores conjuntas entre el ente investigador y tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 11 del Ejército.
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Según información de la Fiscalía, dos de las víctimas fueron citadas el 4 de abril por presuntos integrantes de la estructura Armando Ríos, disidencia al mando de alias Iván Mordisco. Dos días después, las otras seis personas también fueron convocadas. De acuerdo con el ente acusador, las citaciones tenían como objetivo interrogar a los líderes sobre una supuesta participación en la creación de un grupo armado ilegal rival.
La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por la persistencia de estos crímenes en el Guaviare y la impunidad que los rodea, y solicitó medidas urgentes de protección colectiva para las comunidades amenazadas. Además, pidió que se garantice el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de las víctimas, en un contexto marcado por el control armado ilegal y la ausencia del Estado.
Violencia contra pueblos indígenas
Uno de los puntos más alarmantes del pronunciamiento tiene que ver con la situación de los pueblos Nükak y Jiw, que se encuentran en riesgo de desaparición física y cultural. Ambas comunidades han sido víctimas de desplazamientos forzados y viven en condiciones precarias, sin acceso garantizado a derechos básicos como salud, alimentación y territorio.
La Defensoría enfatizó en la situación de las mujeres y niñas indígenas, quienes —según información recibida por la Defensora durante su visita— estarían siendo víctimas de violencia sexual y explotación sistemática. Estos patrones de violencia de género no solo constituyen violaciones graves a los derechos humanos, sino que perpetúan condiciones de exclusión y revictimización en contextos ya marcados por el abandono institucional.
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Ante este panorama, la Defensoría anunció que coordina acciones urgentes con la Fiscalía, el Gobierno y autoridades territoriales para activar medidas de protección efectivas. Estas acciones están enmarcadas en el seguimiento que la Corte Constitucional ha venido haciendo al cumplimiento de órdenes relacionadas con la protección de pueblos indígenas en riesgo de exterminio.
Crisis por falta de ayuda humanitaria
A pesar de que la Unidad para las Víctimas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) han anunciado el envío de alimentos, bienes de primera necesidad y víveres, la Defensoría advirtió que hasta la fecha no se ha materializado el ingreso de dicha ayuda. La situación se agrava debido al confinamiento de comunidades enteras, las restricciones impuestas por los grupos armados y las recientes inundaciones que han afectado a numerosas familias.
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Llamado urgente a los grupos armados
En coordinación con autoridades locales, la institución hizo un llamado directo a los grupos ilegales que hacen presencia en la zona para que permitan el ingreso de asistencia humanitaria y cesen las acciones que afectan de manera directa a la población civil. La entidad espera que haya una respuesta positiva por parte de estos actores, en cumplimiento de las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario. Pero mientras esa respuesta se da, la crisis continúa.
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