Por medio de un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo advirtió que, con o sin el fenómeno de El Niño, el Estado tiene la obligación de prevenir riesgos y proteger a la población. El pronunciamiento se dio luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicara que el fenómeno, previsto inicialmente para el segundo semestre del año, podría presentarse en el próximo trimestre, entre junio y agosto.
La probabilidad de que esto ocurra es del 82 %. Además, el Ideam señaló que ya se descartó la posibilidad de que se trate de un fenómeno de El Niño moderado. “Las probabilidades que estamos manejando ahora son que sea fuerte o muy fuerte”, indicó la entidad.
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Por su parte, la Defensoría aseguró que Colombia es altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. “Estadísticamente, cerca del 85 % de los eventos generadores de desastres en el país están asociados a factores climáticos, en contraste con un promedio global cercano al 49 %”, señaló la entidad.
Además, la Defensoría mencionó la exposición del país a otros fenómenos, como sismos, tsunamis y actividad volcánica. Sin embargo, para la entidad, “lo imprevisible, en un escenario de cambio, se vuelve previsible”.
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La Defensoría advirtió que la ausencia de acciones para prevenir y mitigar riesgos “constituye una grave vulneración de derechos fundamentales, más aún cuando existen herramientas técnicas y científicas que permiten anticipar escenarios peligrosos como consecuencia de dicho evento”.
Asimismo, indicó que la situación puede agravar ciertas problemáticas del país, como el riesgo de una crisis energética. Además, según la Defensoría, el fenómeno podría impactar sectores clave como la agricultura y la ganadería, comprometiendo la seguridad alimentaria.
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Por estos hechos, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y la “implementación de acciones preventivas que garanticen los derechos a la vida, la salud, el acceso al agua y a los servicios esenciales”.
La entidad señaló que la gestión del riesgo, que incluye medidas de prevención, no puede ser únicamente una respuesta ante situaciones de crisis o emergencia, sino un deber permanente y continuo del Estado.
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