Defensoría pide que la Corte Constitucional revise caso de Luis Alfredo Ramos

Luis Alfredo Ramos, de 73 años, fue alcalde de Medellín entre 1992 y 1994. / Archivo.

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

En 2022, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de más de siete años contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos por nexos con el paramilitarismo. Sin embargo, el político radicó ante el mismo alto tribunal una acción de tutela con la que buscaba anular su sentencia. Ante la no revisión de la misma, este jueves, la Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte Constitucional que revise el documento del exmandatario regional.

(Lea también: Con tutela, exgobernador Luis Alfredo Ramos busca tumbar su condena)

La tutela de Ramos consideraba que la Corte Suprema de Justicia, desde la Sala de Casación Penal, vulneró de manera directa la Constitución Política. Ahora, la Defensoría se suma a esta justificación, indicando que con las actuaciones judiciales se vulneró el derecho fundamental debido proceso, al incurrir, presuntamente, en un error procedimental por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema.

Lo que alega Ramos, y ahora la Defensoría, es que el alto tribunal debió tener en cuenta que el exgobernador tenía derecho a un proceso judicial de dos instancias, y no de una, como terminó sucediendo. Esta situación está directamente relacionada con una reforma constitucional que, en 2018, cambió la manera en que se juzgaba a los aforados políticos y estas personas pasaron de tener una instancia, a dos, como cualquier colombiano.

Para la Defensoría, el hecho de que el exgobernador haya sido condenado bajo el modelo antiguo de juzgar a aforados, aun cuando al momento de la sentencia ya era claro que tenía derecho a una segunda instancia, es materia de revisión. Para la entidad que dirige Carlos Camargo, la Corte Constitucional debería seleccionar el caso de Ramos para aclarar qué debe pasar con casos como este que, en su opinión, generan inseguridad jurídica.

En la tutela, presentada por Ramos en agosto de 2022, afirmaba que estaba “fundamentada en múltiples y flagrantes violaciones a garantías plasmadas en nuestra Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos, contra las sentencias dictadas por la Sala Penal, que busca la nulidad de las mismas y que injustamente dieron lugar a la privación de mi libertad”.

El expediente de Ramos, después de casi 10 años en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, culminó el pasado 1 de octubre de 2022 con la confirmación de la condena de casi ocho años de prisión por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007. El documento que reveló El Espectador daba cuenta de las actuaciones ilegales del político antioqueño con los hermanos Castaño, líderes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.