A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el nombramiento de funcionarios del Estado en altos cargos que podrían estar vinculados a casos de violencia de género. En ese contexto, la entidad le solicitó al gobierno de Abelardo de la Espriella revisar estas vinculaciones y tomar las medidas necesarias.
Uno de los casos a los que hizo referencia la Defensoría fue el reciente nombramiento de un funcionario en el Ministerio de las Culturas que enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos mientras ejercía funciones diplomáticas en Chile. Asimismo, la entidad recogió información sobre la posible vinculación de un general en retiro a un alto cargo en Ecopetrol mientras enfrenta un proceso relacionado con presunto acoso sexual. El tercer caso que relaciona la Defensoría tiene que ver con el nombramiento del presidente de Coljuegos, contra quien avanza una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.
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"Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública", señaló la Defensoría.
Y agregó: "Instamos al Estado a adoptar criterios claros, públicos y consistentes para estos nombramientos, que consideren la gravedad de los hechos denunciados, el seguimiento de las actuaciones, la naturaleza del cargo, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes".
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La Defensoría fue enfática en tener en cuenta los mensajes que este tipo de acciones envían a las mujeres víctimas de violencia. "No podemos pedir que las mujeres denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran. Las violencias contra las mujeres pueden afectar la salud mental, autonomía, seguridad y proyectos de vida. El temor a represalias, la revictimización y las barreras para acceder a la justicia pueden agravarse cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas y efectivas", puntualizó la entidad.
En ese sentido, el llamado al gobierno fue a revisar los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas para dar un mensaje coherente de tolerancia cero con la violencia de género.
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