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La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad parcial (por inconstitucional) de un decreto del alcalde recién destituido de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en que se prohibía el consumo de cualquier droga psicoactiva, inclusive las medicadas o la dosis personal, en diversos perímetros y espacios públicos de esa ciudad, las 24 horas del día y los 7 días de la semana ¿Qué opina de esa decisión judicial?
Ese problema inició con la sentencia de la Corte Constitucional C-127/23 que significó, en la práctica, un retroceso en las garantías que se venían aplicando en Colombia, debido a que el alto tribunal, famoso por su visión progresista, les entregó, con su decisión, la regulación del porte y consumo de sustancias psicoactivas a los mandatarios locales, siendo que estos no contaban con la capacidad técnica ni los conocimientos para asumir un rol tan especializado. El resultado fue que alcaldes con fuertes sesgos ideológicos, recibieron tal facultad, entre ellos, el de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán (cuya elección fue recientemente anulada), que es un fanático religioso con denuncias en su contra por la presunta violación de derechos humanos de pacientes que se encontraban en centros de rehabilitación relacionados con él. En medio de su fanatismo, Beltrán se creyó dios y, aun enterado de que violaría la Constitución, expidió el decreto que acaba de caerse, de manera parcial. Y este caso es solo uno: hay más de 40 decretos similares expedidos por alcaldías con equipos técnicos incapaces, y guiadas por el populismo punitivo. Después de lo sentenciado por el Tribunal Administrativo de Santander, esos otros decretos irán cayendo como castillo de naipes; pero sin el resarcimiento debido, por el daño, la estigmatización, la violencia, los comparendos y la persecución que han sufrido las personas consumidoras.
¿Qué dice, en esencia, el fallo del Tribunal de Santander?
En una acción de nulidad presentada por la representante a la Cámara Susana Boreal, y por su equipo de abogados, entre quienes están Juan Pablo Estupiñán y Juan Camilo Giraldo, se objetó el decreto 0007 de 2024 de la alcaldía de Bucaramanga en que se establecían varios perímetros en diversas áreas y espacios públicos de la ciudad, en los que se prohibía el consumo, la distribución y el ofrecimiento de sustancias psicoactivas, incluyendo la dosis personal permitida por la propia Corte Constitucional, y el consumo de bebidas alcohólicas. La demanda fue negada en primera instancia pero en el examen de segunda instancia que acaba de conocerse, el Tribunal de Santander anuló la prohibición absoluta contenida en ese decreto, que extendía tal medida las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Es decir, sin ninguna diferenciación ni análisis sobre las poblaciones ni los horarios en que se utilizan esos espacios. El argumento central del fallo es que una prohibición con esas características, “desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores”, según lo señala la misma sentencia constitucional que le mencioné.
Pero el problema con la prohibición absoluta viene de atrás: en el gobierno de Iván Duque, la propia Corte Constitucional tumbó, por los mismos motivos, unos artículos del Código de Policía ¿Se trata del mismo tema?
Para poner la discusión en contexto, en diciembre de 2023 el presidente Gustavo Petro, por orden de la Corte Constitucional, derogó el decreto 1844 de 2020 con que el gobierno de Iván Duque sancionaba el porte y consumo de drogas. Esa medida derivó en comparendos, abusos y malos tratos o torturas que alimentaron el estallido social. Con los ánimos exaltados por la “legalización del narcotráfico”, según adujó un grupo de conservadores prohibicionistas, ese mismo mes, la Corte dio a conocer la sentencia C-127 de 2023, en la que básicamente le ordena al ministerio de Justicia que expida un reglamento para regular el consumo en espacios públicos. Es cuando también dice que la reglamentación sobre esta problemática, debía ser construida, en cada ciudad, por los alcaldes y consejos municipales pero teniendo en cuenta: “i). La garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y ii) El respeto por los derechos fundamentales de los consumidores”. El destituido exalcalde Beltrán promulgó, entonces, la prohibición permanente y sin excepciones en Bucaramanga con el argumento de la protección de la población infantil. Pero no tuvo en cuenta que con la prohibición, incluso en las altas horas de la noche, irrespetaba los derechos de las personas consumidoras.
Cualquier persona opuesta al uso de sustancias psicoactivas puede pensar que es justa la restricción absoluta del consumo en lugares en donde suelen estar los menores, por ejemplo, colegios, bibliotecas y parques ¿Cómo les respondería?
Con la siguiente frase: regulación sí; prohibición no. La guerra contra las drogas ha demostrado que la prohibición absoluta acompañada de castigo, ha fracasado. Y que, por el contrario, genera unas condiciones que terminan siendo más dañinas que las mismas drogas. Por ejemplo, en Colombia mueren más personas asesinadas por el control al mercado de la cocaína y el basuco, que por el consumo de esas sustancias. Matan más las políticas prohibicionistas, que el uso de consumidores. Hoy en día, no se puede fumar un cigarrillo ni usar vapeador en lugares públicos; tampoco se permite ingerir licor en muchos de esos lugares. En general, y aunque hay incumplimientos a la norma, existe una fuerte sanción social contra quien prenda un cigarrillo en un colegio o abra una cerveza en un hospital. Pero esa regulación es limitada. Lo mismo debería ocurrir con las sustancias psicoactivas.
Como usted ha señalado, Bucaramanga no es la única capital en expedir un decreto como el que comentamos. Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Manizales, Valledupar y otros municipios, han impuesto perímetros en espacios públicos con más o menos metros de distancia, en que la restricción del consumo es la norma.
Los decretos prohibicionistas que fueron copiados unos de otros, surgieron como una respuesta populista y punitiva a la derogación del decreto de Iván Duque que ya mencioné y que sancionaba el porte y consumo en el espacio público. La desinformación se pudo posicionar. Como consecuencia de esa ola de decretos, surgió un aumento en comparendos que, a su vez, derivó en una escalada de confrontación entre vecinos, policía, institucionalidad y jóvenes. Ese clima acumuló tensión y odios que pueden volver a explotar, como ocurrió con el estallido social cuando fueron incendiados varios CAI en Bogotá. Según análisis posteriores, los establecimientos policiales afectados, coincidían con los de mayor número de comparendos inconstitucionales por consumo. Los colegas de Temblores (ONG de derechos humanos) han documentado cómo por “menos de un gramo” sancionaron, castigaron y dañaron la hoja de vida de muchos jóvenes pobres en Colombia.
¿Por qué asegura que “por menos de un gramo, dañaron la hoja de vida de jóvenes pobres en Colombia”?
El informe de Temblores se llama así: “Por menos de un gramo”. En ese documento se explica cómo se castiga, sanciona y daña la vida de los jóvenes pobres porque, por ejemplo, les impusieron un comparendo que, aparte de impagable para ellos ($800 mil pesos), era ilegal e inconstitucional. Y por eso, los inhabilitaron para acceder a becas y otras oportunidades económicas y de educación.
La actual alcaldía de Bogotá ha sido criticada por su supuesta carencia de políticas públicas en atención y prevención del consumo. Ustedes denunciaron que la administración Galán abandonó las exitosas estrategias creadas durante 15 años por varias alcaldías y que las convirtió en “prohibicionistas, inefectivas y anticuadas…” ¿Ese diagnóstico es justo?
En la investigación que realizamos, documentamos cómo en lo que va de la administración de Galán, se han reportado más de 45.000 comparendos frente a tan solo unas 8.000 atenciones en prevención para una ciudad con 9 millones de habitantes. Se demuestra, así, que esta administración prefiere castigar que cuidar. Acciones como la ausencia de estrategias para la reducción de daños en los Festivales al Parque, la prohibición de la extensión horaria y el cierre de la fiesta a las 3:00 la mañana; la eliminación de “Cannabis al Parque” y del apoyo a la Mesa Distrital Cannábica; haberle dado la espalda a la Conferencia Internacional de Drogas más importante realizada en Colombia en los últimos diez años y entregarle el diseño de la política de drogas de Bogotá para los próximos diez años a la entidad internacional más prohibicionista del mundo, son señales de que Galán ha traicionado los principios del Nuevo Liberalismo, al menos, en materia de drogas.
Pero, ¿recientemente ha habido algunos acercamientos con la administración de Bogotá?
Sí. Debemos reconocer que ha empezado un diálogo pero son los hechos los que harán que Carlos Fernando Galán no pase a la historia como un alcalde prohibicionista y retardatario en la era del cambio de paradigma. Francamente, lo vemos muy poco probable con la dirección de la política de drogas en manos del secretario de Salud, Gerson Bermont y del secretario de Seguridad, César Restrepo.
Según ustedes han determinado, tanto el consumo como la distribución de las sustancias psicoactivas, ¿se han incrementado y ampliado en Bogotá en el periodo de la actual alcaldía?
La producción, venta y consumo de sustancias han venido en expansión, a nivel global desde hace 50 años, básicamente, insisto, porque el modelo de prohibición ha fracasado; y Colombia y Bogotá no son la excepción. Esto lo sabemos por el contacto diario que tenemos con los usuarios pero no por la confiabilidad de los estudios de consumo que, por ejemplo, en el de Bogotá 2023, indica que no se reportaba consumo de heroína el año 2022 y que no registraba consumo de tusi después de 15 años de haberse detectado en las calles. Por los resultados de nuestro servicio de análisis, le puedo afirmar, con alta probabilidad de acertar, que el tusi ya superó el consumo de cocaína. Colombia no tiene más consumidores de sustancias psicoactivas ilegales porque no quiere: no hay estrategias de prevención, atención o reducción de daños, de parte del Estado.
¿A qué se dedica, exactamente, la ONG Échele Cabeza liderada por usted y en cuáles líneas intervienen?
Échele Cabeza es un proyecto de la ONG Acción Técnica Social (ATS) que cumple 18 años en la tarea de impulsar una reforma de la política de drogas a partir del enfoque de la reducción de daños, la participación de las personas consumidoras, la regulación de las drogas, el cambio de narrativas, los derechos humanos y la incidencia en política, normatividad y medios de comunicación. Atendemos a personas consumidoras en las calles, fiestas, discotecas, colegios, universidades, clubes. También le aportamos evidencia al Congreso de la República y a los despachos oficiales. Hemos logrado ser escuchados en la Comisión de Narcóticos, con sede en Viena, adonde vamos cada año desde 2015, pues adquirimos el estatus consultivo especial de Naciones Unidas. Además, trabajamos en otros proyectos: Coca Regulada Paz Garantizada, que impulsa la regulación de la cocaína; CAMBIE, o primera sala de consumo supervisado para personas que usan drogas inyectadas en Colombia; Soberanía Psicoactiva, que promueve el autocultivo de marihuana porque además de que esa actividad es legal, aleja a los usuarios del mercado ilegal. Acabamos de lanzar “DroguIA”, inteligencia artificial sobre reducción de daños. En este proyecto trabajamos con el Observatorio de Drogas de Colombia, del ministerio de Justicia.
¿Cuáles son los objetivos de cada proyecto? ¿Pretenden modificar las políticas estales sobre el consumo?
Todos apuntan a encontrar rutas hacia la regulación de las drogas ilegales y a ponerle fin al prohibicionismo que ha fracasado rotundamente en el mundo entero, como se puede demostrar.
¿Cómo promueven la que ustedes definen como “cultura del autocuidado en el consumo de sustancias psicoactivas y sus comportamientos asociados”?
Abordar el fenómeno masivo del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, únicamente desde la perspectiva del daño, ha sido uno de los principales errores de médicos, psicólogos, políticos, medios de comunicación y sociedad en general. A pesar de que haya mucho temor generalizado, hay que aceptar que ese tipo de sustancias - que nos ha acompañado durante milenios y no solo en la actualidad, como creen muchos –, cumple una función social: la de producir sentimientos de recompensa y placer, necesarios en cualquier comunidad. Nosotros proponemos reconocer dicha función social y que, a través de su aceptación, las personas consumidoras adquieran el incentivo de evitar los excesos o el daño. Expresado de otro modo, intentamos encontrar una vía que maximice la recompensa y eluda la intoxicación, la sobredosis o la dependencia problemática.
Deme, por favor, un ejemplo de “la función social” del consumo de drogas psicoactivas.
Le doy dos: 1. En su mayoría, las sustancias psicoactivas tienen facultades de desinhibición. Una de ellas es el alcohol, que incentiva la interacción social. Otras sustancias aumentan el sentido de alerta y disminuyen o eliminan el hambre y el cansancio permitiendo mayor productividad, como la cocaína.
La ONG que usted preside, ¿a cuáles entidades públicas o privadas asesora?
Les prestamos servicios a grandes productoras de eventos; asesoramos alcaldías, el Gobierno nacional, al Congreso y empresas privadas. Cada vez más instituciones públicas y particulares constatan que la prohibición no funciona, y que hay que activar otras estrategias a partir del entendimiento, la regulación, la educación y el acompañamiento. Definitivamente, el castigo no es el camino.
Los consumidores de sustancias psicoactivas pueden ser recreativos, ocasionales o adictos ¿Échele Cabeza les presta atención a todos los usuarios y cómo les brindan primeros auxilios cuando hay una emergencia de salud física o psicológica sin contar con un departamento médico?
Junto con el ministerio de Salud, ampliamos esas categorías, además de las que usted menciona, a la experimental, habitual, dependiente y problemático. Recientemente, la evidencia ha añadido los usos funcional, ritual, terapéutico y medicinal. Como puede ver, se trata de un fenómeno que no es de blanco y negro. Cada persona se atiende de manera diferente porque su relación con la sustancia que consume, su predisposición y su entorno, son distintos. Aunque en los festivales contamos con toxicóloga, médicos, enfermeros, psicólogos del más alto nivel, siempre iniciamos nuestra tarea dando información clara y basada en evidencia para que cada quien tome decisiones responsables. Además, investigamos el riesgo químico de las sustancias que circulan, para emitir alertas tempranas que se divulgan en nuestras redes sociales. En 15 años de acción de Échele Cabeza, hemos atendido a unos 45 mil usuarios, hemos impactado un universo de cerca de 250 mil individuos, y hemos sensibilizado, aproximadamente, a 3.5 millones de consumidores. Y, muy importante, hemos evitado que unas 12 mil personas tuvieran una mala experiencia o sufrieran intoxicación o muerte, gracias a que descubrimos, a tiempo, que la sustancias que iban a consumir, les podría haber provocado daños inesperados.
Apoyo vital para consumidores recreativos
¿Cuáles servicios presta Échele Cabeza a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y en cuáles sitios?
El eje de nuestro trabajo es el grupo o grupos de personas mayores de edad que sean consumidores recreativos. Les brindamos información sobre los efectos, riesgos, daños, placeres, dosis y mezclas en el consumo. También les ayudamos a identificar intoxicaciones, a manejar “el bajón” (descompensación física o emocional derivada del consumo), y les damos otros apoyos. Para nuestro trabajo, contamos con tecnologías NIR (análisis espectroscópico para determinar la composición química de ciertos elementos); FTIR (técnica con luz infrarroja con la que se obtiene información química de una muestra); y TLC (herramienta que separa componentes de una mezcla). Mediante estos mecanismos, podemos analizar sustancias y dar asesorías, según sea el resultado. Es una labor vital porque en los mercados ilegales no se garantiza la calidad y, en cambio, es frecuente la adulteración. Y contamos con zonas de recuperación para “malos viajes”; promovemos la disposición de un mínimo vital de agua gratuita en los eventos grandes y pequeños; y brindamos servicio de orientación psicológica. Tenemos puntos de atención en Medellín, Cali, Pereira y Bogotá.
Pese a su riesgo, consumo de “tusi” (cocaína rosada) no tiene atención en Colombia
¿Cuál es la sustancia de mayor consumo en Colombia y en Bogotá, fuera del alcohol y el tabaco? ¿Es cierto que el uso de tusi o “cocaína rosa” ha aumentado más del 50% en los últimos años?
El cigarrillo es la sustancia con mayor impacto en la vida y el sistema de salud de Colombia, con cerca de 28.000 mil muertes al año relacionadas con su uso, según el ministerio de Salud; y el alcohol, es el de mayor incidencia en los indicadores de alto impacto social, con más de 40.000 muertes violentas asociadas entre 2013 y 2022, según Medicina legal. En esos campos, debe haber una atención prioritaria. Sobre el tus” no podemos afirmar el nivel de aumento porque, como dije, el Estado ha sido incapaz de medirlo de manera juiciosa, pese a esta circulando hace más de 15 años en el país. En cuanto a sustancias ilegales en consumo, sigue la marihuana, el éxtasis, el LSD, la cocaína, el tusi, los fármacos sin prescripción, el basuco y la heroína por vía inyectada, en ocho ciudades del país lo que requiere atención especial por su alto impacto epidemiológico. Las sustancias de tipo anfetamínico para la atención, funcionalidad y rendimiento en estudiantes vienen aumentando sustancialmente.
