¿Dejar las armas para ingresar al Congreso?

El fiscal Eduardo Montealegre señaló que el artículo demandado“ limita la participación en política de los desmovilizados” / Gustavo Torrijos

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

A tres semanas de que se defina el nuevo presidente de Colombia –y en medio de una campaña en la que las negociaciones de paz en La Habana se han convertido en un tema fundamental y controversial– en el Palacio de Justicia, en Bogotá, se realizó ayer una audiencia pública vital para el futuro de estos diálogos y de la posibilidad de que los guerrilleros que se desmovilicen en virtud de un posible acuerdo participen en política y sean candidatos al Congreso. En esta audiencia, convocada por la Corte Constitucional, representantes del Gobierno, de los organismos de control y de la sociedad civil se pronunciaron ante la demanda que interpuso el exviceministro de Defensa, Rafael Guarín, contra el artículo del Marco Jurídico para la Paz que le permite al Congreso definir en qué casos los desmovilizados podrán participar en política y en qué casos no.

El aparte en cuestión señala que el Congreso será quien defina cuáles van a ser considerados delitos conexos al delito político de rebelión. Esto debido a que aquellos desmovilizados condenados o sancionados por crímenes no relacionados con ese delito no tendrían la posibilidad de “cambiar las armas por ideas”. Una discusión neurálgica si se tienen en cuenta los señalamientos contra las Farc por crímenes que algunos sectores han considerado no tienen nada que ver con su lucha insurgente. Por ejemplo: las graves violaciones a los derechos humanos –entre ellos, masacres, reclutamiento forzado, desplazamiento, secuestro– y el narcotráfico. Esto sin contar que varios sectores –como el procurador Alejandro Ordóñez y el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga– han manifestado su rechazo a cualquier tipo de participación política para los guerrilleros.

De hecho Ordóñez fue uno de los que ayer le solicitó a la Corte declarar inconstitucional este artículo pues –en su criterio– este no busca otra cosa que “constitucionalizar todas las formas de lucha”. El jefe del Ministerio Público preguntó con vehemencia si “¿no se revictimiza a la víctima cuando se le dice que su victimario va a llegar al poder?”. Agregó que este “acto legislativo le permite a los victimarios diseñar las políticas públicas de reparación e imponerle su verdad a la sociedad”. Y sentenció: “el mensaje de fondo es que el crimen sí paga”. A renglón seguido cuestionó a las Farc porque, dijo, los victimarios andan “pidiendo jirones de poder a cambio de no seguirnos matando”. De la misma forma, sostuvo que “el Derecho Internacional Humanitario no se ha configurado para permitir la participación política de los responsables de delitos de lesa humanidad. Imponer la amnistía total de crímenes imperdonables hace de esta una posibilidad éticamente lamentable”. Igualmente dijo que uno de los “mayores combustibles de la violencia paramilitar fue la impunidad de los acuerdos de paz de los años 80”.

Y criticó al fiscal Eduardo Montealegre por su propuesta de que algunos guerrilleros paguen sus penas con trabajo social. “Eso es lo que se exige a los estudiantes de colegio”. El fiscal no se refirió a estos señalamientos. No obstante la petición del jefe del ente investigador no estuvo tan alejada –como es costumbre– de la del procurador. El fiscal Montealegre le solicitó a la Corte declarar parcialmente inconstitucional el mencionado artículo, puntualmente, el aparte en el que se menciona que no van a ser considerados delitos conexos al delito político los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Para el jefe del ente investigador esto limita la participación en política de los desmovilizados y les impone una sanción perpetua pues aunque paguen sus penas siempre van a estar impedidos para participar en política.

Montealegre señaló que ese artículo “cercena la posibilidad de buscarle una salida negociada al conflicto porque impide la participación en política de los desmovilizados y profundiza la exclusión de sus miembros en la sociedad”. Y que lo más deseable sería que fuera el Congreso –con una discusión más amplia y democrática– definiera este asunto y no el mencionado acto al excluir desde antes estos delitos de lesa humanidad. Para el fiscal todo esto no hace sino vulnerar un principio fundamental para todos: la paz. “Todas las autoridades del Estado deben propender por el logro de la paz de lo contrario la paz sería un ideal inalcanzable e irrealizable (…) La participación política en nada implica impunidad”.

Una posición similar fue la del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien –aunque solicitó que se declarara constitucional la norma demandada– dijo que “sostener que tras la firma de los acuerdos la consecuencia sea la negación de la incorporación civil, eso haría inviable la paz negociada. Un proceso de negociación implica la necesaria consideración de los derechos en juego. La finalidad de la participación de los excombatientes es para asegurar el camino hacia la política sin armas, hacia el debate ideológico. Nada podría contribuir más a la Constitución que la posibilidad de que quienes hoy están en armas participen en política, eso permitiría tramitar los diseños de manera pacífica”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, al igual que los representantes de las víctimas, se mostró de acuerdo con la participación política de los desmovilizados siempre y cuando cumplan con los criterios de verdad, justicia y reparación. Otálora dijo que es deseable “que la deliberación política no esté coaccionada ni contaminada por el uso de las armas. La participación en política de los desmovilizados es una consecuencia plausible de un acuerdo de paz”.
“No es un sometimiento a la justicia de unos delincuentes comunes. Indistintamente de lo que pensemos sobre las Farc y el Eln –que mató a mi papá en 1997– uno no puede negar su origen político. No se puede negar que una vez se den los acuerdos algunos de los miembros de estos grupos –no todos– puedan tener la oportunidad de cambiar los fusiles por votos y hacer política en muchas regiones del país donde han ejercido su accionar violento. Seguramente en muchas de esas zonas generarán el rechazo de la ciudadanía y serán castigados por la sociedad pero lo que uno no puede pretender negociar en La Habana sin abrir ese espacio político”, dijo en su intervención el actual presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo.

Y agregó: “Nadie imaginaría un proceso de paz, solo mentes perturbadas, que pudiera permitirse participar en política sin dejar las armas o amenazando con las armas a los eventuales electores. Dejemos que el Congreso haga su tarea, que avance en la ley estatutaria si se llegara a una firma definitiva del acuerdo”. Mientras tanto, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, indicó que “si terminamos el conflicto vamos a salir de ese estado cuasipermanente de excepción” y que “la paz no sería posible sin la participación política porque un acuerdo de paz es la aceptación de que quienes están en armas para dar a conocer sus políticas deben hacerlo bajo la regla de la democracia. Quienes dejen las armas pueden y deben participar en política. No hay que tenerle miedo a la democracia sino a la violencia”.

La Corte se apresta a estudiar la demanda de Guarín contra el Marco. Mientras tanto los colombianos siguen a la espera de que el 15 de junio se elija nuevo presidente, algo determinante para el futuro de los diálogos.