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28 May 2020 - 12:58 a. m.

Dejusticia pide a la Corte Constitucional tumbar todo el Estatuto Tributario colombiano

Se trata del decreto 624 de 1989, que fue expedido en ese entonces con facultades extraordinarias, y todas las reformas posteriores que ha hecho el Congreso, incluida la Ley de Crecimiento Económico del 2019.
 Imagen de referencia/Bloomberg
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Foto: Agencia Bloomberg

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) presentó ante la Corte Constitucional una demanda en contra del Estatuto Tributario (decreto 624 de 1989) y todas las reformas que ha sufrido desde entonces, incluida la Ley de Crecimiento Económico de 2019, asegurando que es inconstitucional por violar los principios de progresividad, equidad y eficiencia. No obstante, se le pidió a la Corte que de un plazo de dos años al Congreso para tramitar una nueva ley garantista. En juego está todo el sistema tributario del país.

Dejusticia explicó que pretendían presentar la demanda en febrero, antes de la declaratoria de la pandemia de COVID-19, y que lo hacen ahora ya que una decisión al respecto le daría al Congreso y al Gobierno herramientas para que “enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia, sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza”.

La demanda asegura que, en Colombia, el ejercicio impositivo “no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria)”.

Según explicó el Centro de Estudios, no es suficiente que un impuesto en particular incumpla los principios de equidad y eficiencia para ser declarado inconstitucional, sino que sean muchos más o todo el conjunto de impuestos los que no los cumplan. Por esa razón, se demandó todo el sistema tributario colombiano al considerar que el mismo no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria.

La demanda parte de un análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia. De esta forma, Dejusticia afirma que “el sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresos medidos a través del índice de Gini”. Y que “las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población”.

También aseguran que, como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales, el sistema grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar. “En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos”, explicaron.

Según la demanda, la ley 2010 de 2019 (Ley de Crecimiento Económico) no ha subsanado las dificultades que encuentran en el sistema y por eso es necesaria la intervención de la Corte Constitucional. “Si bien consagra algunas medidas progresivas, como una tasa del impuesto de renta mayor a las personas naturales en la parte más alta de la distribución, el impacto de esos elementos se ve anulado por los efectos del mantenimiento de los elementos regresivos del sistema tributario y su agravación por la creación de nuevos privilegios tributarios”.

“Previo a la Ley 2010 de 2019, el Estatuto Tributario contaba con 253 beneficios tributarios o regímenes especiales. De estos, aproximadamente el 74% no contaba con una cláusula que determinara su caducidad, lo que hace que los efectos negativos en progresividad, equidad y eficiencia de estas medidas sean permanentes. Adicionalmente, el 50% de estos privilegios tributarios se concentra en las 500 empresas más ricas del país y según el Banco Mundial, en Colombia no se han visto impactos en los niveles de inversión, productividad y empleo”, dice la demanda.

Dejusticia solicitó a la Corte que tumbe todo el sistema tributario, pero con efectos diferidos a dos años mientras se tramite en el Congreso una ley garantista. Y también solicitaron la creación de una Comisión de Expertos que asesore al legislativo en el diseño del nuevo Estatuto Tributario. Entre otros, la demanda asegura que la pandemia refuerza la necesidad de que el sistema tributario de Colombia sea progresivo, equitativo y eficiente y que el panorama actual evidencia que el país cuenta con pocos recursos disponibles para atender todas las necesidades derivadas de la crisis.

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