Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A Edmundo del Castillo, exdirector jurídico de la Presidencia de la República entre 2007 y 2010, se le juntaron los problemas en las últimas semanas. Hace unos días se conoció que la Fiscalía desarchivó la investigación en su contra por el caso de la visita del paramilitar Job a la Casa de Nariño. Ahora se ve salpicado por el nuevo escándalo sobre la relación de los Nule con funcionarios y exfuncionarios públicos. Su nombre aparece como supuesto beneficiario de dos millonarios pagos.
De acuerdo con Caracol Radio, entre la información que encontraron los liquidadores de las sociedades de los Nule, en el software de contabilidad y comprobantes de egreso, hay datos de 270 cuentas bancarias y algunos de sus bienes. Pero llamaron la atención algunos documentos que probarían posibles pagos a funcionarios y exfuncionarios públicos.
Entre ellos estaría Del Castillo, a quien supuestamente le tenían el seudónimo de ‘El Profe’. Según el informe, le habrían pagado $105 millones en 2008, con cheques del Banco de Occidente y del Banco de Bogotá, girados a nombre de Edwin Tovar, mensajero de los Nule, quien se encargaba de cambiarlos para entregar la plata al funcionario.
Por su parte, Del Castillo desmintió la información a través de un comunicado en el que dijo que nunca tuvo relación con los Nule y aclaró que antes de ser funcionario del gobierno Uribe tuvo un vínculo comercial con Paula Galofre (esposa de Manuel Nule), en un proyecto inmobiliario en Miami, “pero dicho proyecto nunca se concretó”, dijo.
“Mientras fui asesor del Invías nunca estuvo en mis funciones adjudicar contratos. El proyecto piloto del túnel de La Línea fue adjudicado por funcionarios competentes y en cumplimiento de las normas a un consorcio integrado por Conconcreto S.A. y empresas de los ingenieros Solarte”, agregó Del Castillo.
Concluyó diciendo que mientras fue secretario jurídico de la Presidencia su único contacto con los Nule fue cuando el presidente le pidió gestionar el pago del préstamo que les hizo la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Pero en esto, Del Castillo no es el único mencionado. Los Nule supuestamente le entregaron dinero al excongresista Germán Olano desde cuentas de Mauricio Galofre y Transvial, bajo la modalidad de comisión o anticipo de préstamo por $500 millones. También, al abogado Fabricio Pinzón, quien trabaja para el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), al que le pagaron $100 millones en 2009. Según la directora del Inco, él trabaja como defensor del Estado, especialmente en demandas contra la construcción de la vía Bogotá-Girardot, la misma que ganaron los Nule.
Otra es la abogada Liliana Hernández, quien registra giros por $2.753 millones en efectivo a cuentas de inversiones Nuevo Arcoiris. La abogada Hernández supuestamente tuvo algún vínculo con la Gobernación de Cundinamarca, aunque esa administración lo niega.
En la lista también se relaciona al abogado Jaime Lombana, con giros por $2.500 millones; Álvaro Dávila, con pagos por $60 millones; Jaime Granados, por $800 millones, y pagos al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Isaac Náder, por $145 millones, entre 2007 y 2008. La modalidad para los giros, según el informe, era con cheques a favor de mensajeros, escoltas y conductores, quienes los cambiaban y entregaban a los funcionarios el efectivo.
El abogado Jaime Lombana fue otro de los que rechazó cualquer vínculo con los polémicos empresarios. “Yo he sido abogado de Alberto Ríos durante más de 15 años. Él figura como socio de los Nule en Enertolima, pero jamás he recibido ningún pago de los Nule y mucho menos por ese monto”, advirtió Lombana, quien agregó que recurrirá al agente liquidador para que le explique de dónde procede el supuesto pago a su nombre.
Las investigaciones sobre los Nule y el carrusel de la contratación avanzan, tocando a más gente que posiblemente estuvo alrededor. Las explicaciones a cada escándalo se podrían conocer si los empresarios decidan venir a Colombia el próximo martes, a la formulación de imputación.
Caso Iván Moreno sigue aplazado
El juicio disciplinario que adelanta el procurador general de la Nación contra el senador Iván Moreno Rojas, por el llamado carrusel de la contratación, fue aplazado de nuevo. Ayer, pese a que el congresista llegó en compañía de un abogado, el defensor solicitó tiempo para estudiar el proceso. Inicialmente pidió un mes, pero el Procurador sólo le dio una semana y el reinicio de la diligencia será el próximo 6 de abril. En medio de los aplazamientos del juicio disciplinario, Moreno Rojas y sus defensores siguen a la espera de la decisión que tome el Tribuna Superior de Bogotá frente a la tutela que presentó el procesado, con la que busca que no sea el procurador quien lo juzgue, sino un procurador ad hoc.