Delegación europea visitará la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Comprender cuál es la coyuntura colombiana en materia de derechos humanos, luego de que en noviembre pasado el Gobierno y las Farc firmaran el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, es una de las preocupaciones que trajo a Colombia a un grupo de 40 personas, 14 de los cuales son funcionarios públicos. Se trata de un colectivo de senadores, diputados, alcaldes  y representantes de organizaciones sociales de España, Bélgica, Portugal, Alemania e Italia.

Llegaron a Colombia el pasado 16 de marzo y regresarán el próximo 2 de abril. La era post-acuerdo de paz con la guerrilla, aunque muy importante, no es la principal razón por la que están aquí. Viajaron, principalmente, a apoyar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que cumple este 23 de marzo cumple dos décadas de existencia. Se trata de un espacio que los campesinos de la región (Urabá antioqueño) declararon espacio neutral. Por ende, ni siquiera admiten la presencia del Ejército. 

Por eso a Colombia llegaron, por ejemplo, Luis Escribano Reinosa, exconcejal del Psoe de Burgos (España), Eva de Ara, concejal de esa ciudad, y Ana Celia Martínez y Martín Búrdalo, integrantes de la Plataforma de Burgos de Apoyo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La Alcaldía de esa ciudad, capital de una provincia del norte español que lleva el mismo nombre, mantiene un acuerdo de colaboración con la Comunidad de Paz desde 2003. 

Los políticos españoles que viajaron al país provienen casi todos de partidos de izquierda (Podemos, Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco), pero también habrá un representante del Partido Popular -al cual pertenece el actual presidente de España, Mariano Rajoy- que llegará este lunes 20 de marzo al país. En el grupo está también el alcalde de Rivas (España), Pedro del Cura, un municipio ubicado en el Área Metropolitana de Madrid. 

Rivas es otra ciudad española que públicamente ha manifestado su apoyo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Por ejemplo, el pasado 24 de febrero, el Ayuntamiento de Rivas (alcaldía) declaró institucionalmente, ante el Concejo Municipal, su respaldo a esta población. También hay un delegación valenciana, integrada por representantes de partidos políticos y sindicatos de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Otra delegación de Valencia había venido en un viaje similar en 2005. 

Durante sus dos décadas de existencia, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha denunciado año tras año ser víctima de hostigamientos, intimidaciones, asesinatos selectivos y hasta masacres. Uno de los crímenes más crueles del paramilitarismo ocurrió allí en febrero de 2005, cuando un comando del bloque Héroes de Tolová, en connivencia con algunos militares de la Brigada 17, ejecutaron a cinco adultos y tres niños. 

El no permitir la presencia militar en su territorio le ha costado a la Comunidad de Paz múltiples señalamientos. Mientras era presidente de la República Álvaro Uribe los acusó de ser auxiliadores de la guerrilla, lo que llevó a la Corte Constitucional, por petición de los habitantes de la comunidad, a ordenarle al jefe de Estado que les pidiera perdón. La Corte lo hizo, pero la labor le correspondió al presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos. La Comunidad de Paz ha denunciado recientemente que grupos paramilitares están intimidándolos de nuevo.  

Comprender cuál es la coyuntura colombiana en materia de derechos humanos, luego de que en noviembre pasado el Gobierno y las Farc firmaran el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, es una de las preocupaciones que trajo a Colombia a un grupo de 40 personas, 14 de los cuales son funcionarios públicos. Se trata de un colectivo de senadores, diputados, alcaldes  y representantes de organizaciones sociales de España, Bélgica, Portugal, Alemania e Italia.

Llegaron a Colombia el pasado 16 de marzo y regresarán el próximo 2 de abril. La era post-acuerdo de paz con la guerrilla, aunque muy importante, no es la principal razón por la que están aquí. Viajaron, principalmente, a apoyar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que cumple este 23 de marzo cumple dos décadas de existencia. Se trata de un espacio que los campesinos de la región (Urabá antioqueño) declararon espacio neutral. Por ende, ni siquiera admiten la presencia del Ejército. 

Por eso a Colombia llegaron, por ejemplo, Luis Escribano Reinosa, exconcejal del Psoe de Burgos (España), Eva de Ara, concejal de esa ciudad, y Ana Celia Martínez y Martín Búrdalo, integrantes de la Plataforma de Burgos de Apoyo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La Alcaldía de esa ciudad, capital de una provincia del norte español que lleva el mismo nombre, mantiene un acuerdo de colaboración con la Comunidad de Paz desde 2003. 

Los políticos españoles que viajaron al país provienen casi todos de partidos de izquierda (Podemos, Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco), pero también habrá un representante del Partido Popular -al cual pertenece el actual presidente de España, Mariano Rajoy- que llegará este lunes 20 de marzo al país. En el grupo está también el alcalde de Rivas (España), Pedro del Cura, un municipio ubicado en el Área Metropolitana de Madrid. 

Rivas es otra ciudad española que públicamente ha manifestado su apoyo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Por ejemplo, el pasado 24 de febrero, el Ayuntamiento de Rivas (alcaldía) declaró institucionalmente, ante el Concejo Municipal, su respaldo a esta población. También hay un delegación valenciana, integrada por representantes de partidos políticos y sindicatos de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Otra delegación de Valencia había venido en un viaje similar en 2005. 

Durante sus dos décadas de existencia, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha denunciado año tras año ser víctima de hostigamientos, intimidaciones, asesinatos selectivos y hasta masacres. Uno de los crímenes más crueles del paramilitarismo ocurrió allí en febrero de 2005, cuando un comando del bloque Héroes de Tolová, en connivencia con algunos militares de la Brigada 17, ejecutaron a cinco adultos y tres niños. 

El no permitir la presencia militar en su territorio le ha costado a la Comunidad de Paz múltiples señalamientos. Mientras era presidente de la República Álvaro Uribe los acusó de ser auxiliadores de la guerrilla, lo que llevó a la Corte Constitucional, por petición de los habitantes de la comunidad, a ordenarle al jefe de Estado que les pidiera perdón. La Corte lo hizo, pero la labor le correspondió al presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos. La Comunidad de Paz ha denunciado recientemente que grupos paramilitares están intimidándolos de nuevo.