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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la demanda presentada por la Procuraduría, en la que pide anular el convenio hecho entre la Cancillería de Colombia, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes colombianos. El acuerdo, pactado en más de COP 1,3 billones, dice el Ministerio Público, tiene graves fallas relacionadas con su financiación.
En la demanda que ahora estudian los magistrados del Tribunal, el ente de control pidió que los recursos que ya se han invertido regresen al país y se busquen otras salidas para solucionar el dilema de la impresión de pasaportes.
El problema que identificó el Ministerio Público es que, tal cual se lee en el acuerdo pactado el 18 de julio de 2025 para la “puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia”, no hay realmente recursos para ejecutarlo. El numeral quinto de ese convenio señala que “no tiene recursos para su ejecución. Las entidades, si hay lugar a ello, para cada vigencia fiscal apropiarán los recursos que permitan suscribir los contratos derivados de la prestación del servicio”.
Asimismo, la Procuraduría detalló que la firma del acuerdo se hizo siguiendo los lineamientos de la ley de contratación con organismos internacionales, pero no se habría cumplido a cabalidad. “Se verificó que los aportes de la Imprensa - Casa da Moeda de Portugal solo correspondían al 21% del valor total del convenio, por lo que no se cumplía el requisito legal de financiación mínima del 50%”.
Según el Ministerio Público, "se omitió adelantar un proceso competitivo, desconociéndose los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad”. De paso, el ente de control expuso que la Imprenta Nacional “no contaba con la capacidad técnica y operativa” para ejecutar el contrato. Su función sería la de recibir capacitaciones y realizar pagos, lo que obligaba a subcontratar a la entidad portuguesa.
La Procuraduría también encontró que “durante la visita preventiva del Ministerio Público se constató la ausencia de estudios de mercado y del sector, así como la carencia de una justificación detallada de la necesidad contractual. El documento denominado ‘Justificación para la Selección del Cooperante Internacional’ carecía de firmas de responsables y no cumplía las etapas exigidas por el manual de contratación”.
Con esa batería de argumentos, el Ministerio Público pidió a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaren “la nulidad absoluta del convenio con persona extranjera de derecho público para la cooperación y participación del 28 de julio de 2025, por valor fiscal de COP $1.308.034.931.250″. Además, solicita que se ordene “a la empresa extranjera contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio”.
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