Demandan a la Nación por abuso de fuerza durante el Paro Agrario
En la acción judicial se manifiesta que los uniformados torturaron y detuvieron de manera ilegal a varios de los manifestantes.
Redacción Judicial
Por las torturas y privaciones ilegales a un grupo de personas durante las manifestaciones del Paro Agrario por parte de las autoridades fue radicada una demanda en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
En la acción judicial se citan 10 casos en los jóvenes de Soacha y un estudiante universitario fueron atacados de manera injustificada, así como otras situaciones en las cuales fueron víctimas de detención arbitraria e injusta, así como el escarnio público del que fueron víctimas tras la publicación del denominado ´cartel de los vándalos’.
Igualmente se le pide a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “la implementación de un programa permanente de capacitación a los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sobre estándares internacionales sobre el control de las manifestaciones y los límites del uso de la fuerza.
Además se pide que la Presidencia de la República expida una directiva “en la cual se establezca la claridad de los límites del uso de la fuerza de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones”, así como la restricción de métodos de control que afectan la salud e integridad física o personal.
“Se abstengan las autoridades de Policía hacer uso de imágenes e información personal de ciudadanos que ejerzan el derecho a reunión y manifestación sin que exista previa orden judicial”, esto haciendo referencia a la publicación del “cartel de los vándalos” cuya divulgación fue prohibida por los jueces de la República.
En el caso de la Fiscalía General se pide revisar los procedimientos y manuales de funciones de los fiscales “para erradicar de los procedimientos penales y de policía toda forma de aceptación, tolerancia y uso de tratos crueles y actos de tortura”. Además de reconocer los daños morales que sufrieron estas personas en el marco de las manifestaciones.
Se pide la reparación económica debido a los graves daños morales y materiales que sufrieron estas personas y sus familias. En la solicitud de pide una audiencia de conciliación con los representantes de las partes demandadas.
Por las torturas y privaciones ilegales a un grupo de personas durante las manifestaciones del Paro Agrario por parte de las autoridades fue radicada una demanda en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
En la acción judicial se citan 10 casos en los jóvenes de Soacha y un estudiante universitario fueron atacados de manera injustificada, así como otras situaciones en las cuales fueron víctimas de detención arbitraria e injusta, así como el escarnio público del que fueron víctimas tras la publicación del denominado ´cartel de los vándalos’.
Igualmente se le pide a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “la implementación de un programa permanente de capacitación a los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sobre estándares internacionales sobre el control de las manifestaciones y los límites del uso de la fuerza.
Además se pide que la Presidencia de la República expida una directiva “en la cual se establezca la claridad de los límites del uso de la fuerza de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones”, así como la restricción de métodos de control que afectan la salud e integridad física o personal.
“Se abstengan las autoridades de Policía hacer uso de imágenes e información personal de ciudadanos que ejerzan el derecho a reunión y manifestación sin que exista previa orden judicial”, esto haciendo referencia a la publicación del “cartel de los vándalos” cuya divulgación fue prohibida por los jueces de la República.
En el caso de la Fiscalía General se pide revisar los procedimientos y manuales de funciones de los fiscales “para erradicar de los procedimientos penales y de policía toda forma de aceptación, tolerancia y uso de tratos crueles y actos de tortura”. Además de reconocer los daños morales que sufrieron estas personas en el marco de las manifestaciones.
Se pide la reparación económica debido a los graves daños morales y materiales que sufrieron estas personas y sus familias. En la solicitud de pide una audiencia de conciliación con los representantes de las partes demandadas.