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15 Dec 2022 - 11:00 p. m.

Demandan norma que faculta a gobernadores crear municipios en espacios indígenas

El recurso reposa en la Corte Constitucional y advierte que 14 comunidades indígenas están en riesgo. La Procuraduría, por su parte, instó al Gobierno de Gustavo Petro a que sean incluidos en el proceso de formulación y concertación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
El recurso reposa en la Corte Constitucional y advierte que 14 comunidades indígenas están en riesgo. La Procuraduría, por su parte, instó al Gobierno de Gustavo Petro a que sean incluidos en el proceso de formulación y concertación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
El recurso reposa en la Corte Constitucional y advierte que 14 comunidades indígenas están en riesgo. La Procuraduría, por su parte, instó al Gobierno de Gustavo Petro a que sean incluidos en el proceso de formulación y concertación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Foto: Felipe Osorio

Catorce pueblos indígenas podrían estar amenazados en su autoridad ancestral por cuenta de una norma que dejó vigente el expresidente Iván Duque. El meollo del asunto es así: las comunidades están asentadas en espacios que no son municipalizados, es decir, en lugares que, aunque no están delimitados geográficamente, sí hacen parte de un departamento. Desde 1914, las comunidades están reconocidas, mediante decreto por el Estado, por lo que, prácticamente, esos terrenos ya les pertenece. Sin embargo, la norma faculta a los gobernadores hacer uso de esos espacios e, incluso, dejar sin piso la autoridad ancestral e imponer una administración nueva.

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La norma que quedó vigente en el primer semestre del año fue demandada ante la Corte Constitucional por la Fundación Gaia Amazonas. Julio César López y Gabriel Vanegas, integrantes de la corporación, cuestionaron la facultad que entregó el expresidente ya que perjudica a un poco más de 24.000 indígenas que hacen presencia en áreas no municipalizadas ubicadas en los departamentos de Vaupés, Guainía y Amazonas. Los demandantes consideran que no se pueden regular las condiciones de gobierno y administración de unas secciones geográficas del país que son netamente de indígenas porque puede haber afectaciones en los territorios.

Para López y Vanegas, otorgar esa facultad a los gobernadores y autoridades locales altera “el estatus” de las áreas no municipalizadas ya que entraría a gobernar una nueva autoridad que no es la indígena, sino un gobernador seccional que es designado por el gobierno departamental. Lo que explicó la Fundación en la demanda es que sobre esos espacios ahora existe una facultad presidencial que les permite crear municipios en los lugares que habitan los indígenas sin que exista un permiso previo.

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“Los derechos fundamentales, los principios y reglas constitucionales de los pueblos y territorios indígenas no pueden ser restringidos por una disposición legal arbitraria. Particularmente, porque esta aspiración y este derecho de los pueblos y territorios indígenas de ser y funcionar como entidad territorial, tiene fundamento constitucional en los principios del Estado social de derecho y en la diversidad étnica y cultural de la nación”, explicaron en el documento de 24 páginas que reposa en el alto tribunal.

A juicio de los demandantes, la norma se “empecina” en determinar formas de gobierno y administración impuestas ajenas a los valores e identidad cultural de los pueblos indígenas cuando esa facultad no es una realidad desde que la propia Corte Constitucional dio aval a los “consejos indígenas” que no son otra cosa que ocupar las áreas no municipalizadas de algunos departamentos con responsabilidad política, jurídica y cultural por parte de los miembros indígenas.

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Así las cosas, para los demandantes es “inapropiado” que sin consulta previa el legislador haya desconocido no solo los espacios que tienen las comunidades, sino la facultad de tener una autoridad sobre estos. Además, dejaron claro que “dichas áreas no se pueden asimilar ni se pueden configurar como municipios, por sus particularidades étnicas, socio culturales y territoriales. En su lugar, los territorios indígenas allí existentes están facultados para constituirse como entidades territoriales indígenas”.

La puja sobre los espacios indígenas la debe resolver la Corte teniendo en cuenta también el llamado que recientemente hizo la Procuraduría en donde instó al actual Gobierno para que las 14 comunidades indígenas tengan autonomía y libre determinación sobre la áreas no municipalizadas, por lo que el Ministerio Público pidió que sean incluidos en el proceso de formulación y concertación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 y en la consulta y cooperación con la institucionalidad indígena del nivel local y nacional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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