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Las cifras que tendría que pagar el Estado por privaciones injustas de la libertad no son nada alentadoras. Actualmente, en el Consejo de Estado, instancia que se encarga de resolver las demandas por este tema, reposan 16.597 denuncias. De fallarse en contra, la Nación debería pagar más de $23 billones.
(En contexto: “El Estado no tiene por qué responder por todo”: Agencia Jurídica del Estado)
Solo en los primeros siete meses de este año, según cifras entregadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, han sido admitidas 244 demandas que buscan que el Estado pague $229.874 millones. Una cifra que podría incrementar de seguir realizando detenciones injustas de la libertad.
Sin embargo, como lo reveló este diario, la Corte Constitucional sentó un importante precedente para los intereses del Estado en esta materia: solo deberá responder económicamente cuando la persona que pide la indemnización es declarada inocente y cuando se actuó de manera inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.
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Estas son las cifras de demandas contra el Estado por privaciones injustas de la libertad: