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La confusión por la aparente designación de Armando Benedetti, ministro del Interior, como presidente encargado mientras Gustavo Petro viaja a China, pasó de tener implicaciones políticas a judiciales. La ciudadana Estefanía Orozco Torres denunció a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
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La confusión inició el pasado 9 de mayo, cuando en la mañana se conoció el decreto en el que se establecía que, por el viaje de Petro, Benedetti quedaría a cargo de varias funciones presidenciales entre el 10 y 17 de mayo presentes. Luego de que la noticia fuese difundida por los medios de comunicación, el propio Petro desmintió la información con un trino en su cuenta de X.
Según la denuncia contra la directora Rodríguez, el decreto que designaba a Benedetti sí existió y fue publicado en el Diario Oficial. El decreto fue firmado por el mismísimo presidente Petro. La acción judicial establece que el máximo mandatario habría sido engañado, pues él mismo confesó que quien quedaba encargado era Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, como es habitual.
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“Para legitimar la designación de Benedetti, se habría incluido una certificación ideológicamente falsa que lo acreditaba como miembro del movimiento político del presidente, requisito esencial conforme a normas internas y jurisprudencia constitucional. El Sr. Benedetti indica que él considera que hace parte del partido Colombia Humana desde el primer momento, pero que ignora si existe registros de lo anterior”, se lee en la denuncia.
La denuncia prosigue explicando que la señora Angie Rodríguez, como directora del Dapre, tenía la obligación legal de verificar la autenticidad de los documentos, la voluntad presidencial y la legalidad del procedimiento. La denuncia pone la duda sobre si Rodríguez habría permitido o facilitado la expedición de un decreto basado en información falsa o inducida en error.
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“La falsedad ideológica en documento público constituye un atentado contra el bien jurídico de la fe pública, que es esencial para garantizar la confianza en los actos y documentos emitidos por los servidores públicos. Este delito afecta directamente la veracidad y autenticidad de los documentos públicos, lo que puede generar graves consecuencias en el ámbito jurídico y social. Tratándose de documentos que reflejan la voluntad presidencial, ni más ni menos que la designación de funciones presidenciales, más las comunicaciones extendidas a otro poder público como es el Congreso de la Republica, convierten estos hechos de una gravedad sin antecedentes en la historia republicana”, agregó la denunciante.
Y, al final, la denunciante se pregunta si el presidente de la República pudo haber sido engañado por sus subalternos. “¿Se están tomando decisiones a espaldas del presidente? ¿Se están dando órdenes a nombre suyo sin que él lo sepa?“, se lee. La denuncia fue radicada ante la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía. De ella dependerá el avance de una pesquisa judicial.
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