La Corporación Mujeres Libres, una oenegé enfocada en la protección de los derechos de las mujeres privadas de la libertad, dio a conocer un aberrante caso de presunta violencia sexual e inducción al aborto originado en la cárcel El Pedregal de Medellín. La denuncia fue allegada al Ministerio de Justicia, a la cual le solicitaron acciones urgentes.
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De acuerdo con los audios enviados por la víctima a la corporación, el pasado 30 de diciembre, los presuntos victimarios serían los dragoneantes Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según la denuncia, la violencia sexual se presentó en agosto y septiembre de 2024.
La denuncia agrega que a la interna se le entregó una prueba de embarazo por parte de la guardia de El Pedregal, la cual resultó ser positiva, por lo que fue trasladada al pabellón de lactantes y gestantes. Luego, habría sido llamada por el director de la cárcel, quien la cuestionó por la manera en la que había ocurrido el embarazo.
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“La denunciante afirma que en el establecimiento han intentado interrumpir su embarazo contra su voluntad, ya que se sintió mal y fue llevada al hospital, donde el personal médico encontró residuos de sustancias abortivas en su organismo, las cuales habrían sido administradas en los alimentos. Esto le genera temor constante y reitera que desea continuar con su embarazo”, se lee en la denuncia.
La Corporación Mujeres Libres agrega que, a pesar de que la interna ha buscado ayuda en el subdirector del establecimiento, Carlos Arturo Yepes, este último se estaría burlando de ella y estaría minimizando los hechos. La denuncia establece que a la víctima le solicitaron quedarse callada.
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“La denunciante ha presentado denuncias en la Regional Bogotá y cuenta con soportes documentales de las mismas. A pesar de ello, no ha recibido protección efectiva y continúa en situación de riesgo. Además, solicitó un traslado de establecimiento por motivos de seguridad”, se concluye en la denuncia conocida por este diario.
La corporación le solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación urgente, imparcial y exhaustiva sobre los hechos denunciados. Además, que se garantice la protección de la denunciante y de su embarazo. También que se traslade de inmediato a la denunciante a otro establecimiento penitenciario, donde no corra riesgo su vida e integridad.
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