Denuncian complot contra patrullero que reveló información en caso grafitero

La defensa del patrullero de la Policía Nacional, Fredy Esneider Navarrete Rodríguez denunció la existencia de un complot en contra de su cliente con el fin de restarle credibilidad a las declaraciones que ha dado para esclarecer los hechos que rodearon la manipulación de los elementos materiales probatorios en la escena donde el joven grafitero, Diego Felipe Becerra Lizarazo recibió una herida mortal en la noche del 19 de agosto de 2011.

El jurista aseguró que al uniformado se le ha querido vincular con un caso de “tráfico de armas” en el interior de la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra recluido desde hace más de un año y medio. Según la denuncia esta acción estaría siendo liderada por otro de los vinculados en este proceso penal. “Hay personas muy interesadas en vincular mediante un montaje especial en contra de Freddy Esneider Navarrete Rodríguez”.

En la denuncia que tiene como referencia ‘denuncia sobre presunto complot para indilgar delitos en la cárcel La Picota al patrullero de la Policía Nacional, Fredy Esneider Navarrete Rodríguez' se hace referencia a la forma en cómo se conoció la información, así como los motivos para acusar a su cliente de incurrir en este tipo de acciones delictivas.

A esto se suma, según el abogado defensor, las constantes amenazas que ha recibido su cliente en contra de su vida e integridad personal, las cuales también han llegado a su núcleo familiar, así como el ataque que recibió con arma blanca en el centro penitenciario y la cual ya fue denunciada ante los órganos administradores de justicia, protección y seguridad.

Pese a esto se habrían presentado una serie de omisiones e irregularidades por parte del Instituto encargado del manejo de las cárceles que “sin justificación alguna” lo cambió de patio sin garantizarle su seguridad y protección. “Se encuentra bajo custodia del Inpec, y que de llegar a ocurrirle algo, será responsabilidad del Estado, pues como la obra de Gabriel García Márquez, será la Crónica de una Muerte Anunciada, y la responsabilidad del Estado colombiano será absoluta”.

Todo esto, para el jurista, hace parte de una retaliación por las declaraciones entregadas ante la justicia por el patrullero que fueron claves para desenredar la investigación y vincular a un grupo de oficiales y suboficiales con la ubicación de un arma de fuego en el lugar de los hechos para tildar al joven de 16 años de pertenecer a una banda dedicada al hurto de buses en el norte de la capital de la República.

“Se negó a cumplir órdenes emitidas personalmente de sus superiores el subteniente Rosemberg Madrid Orozco y el coronel Nelson Arévalo, entonces comandante de la estación de policía de Suba, y fue el único patrullero de la policía que advirtió de estas anomalías en el proceso”, precisa uno de los apartes de la denuncia.

Ante estos la defensa del uniformado le solicitó al fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett; el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado; el fiscal 295 anticorrupción; y el director del Inpec, general Saúl Torres Mójica que le brinden todas las medidas de protección y seguridad a su defendido y a su grupo familiar con el fin de garantizarle sus derechos fundamentales.

“Situación que le ha generado, le genera y considero que le seguirá generando atropellos, traslados indiscriminados, amenazas contra su vida e integridad personal, montajes hechos por patrulleros activos e integrantes de la policía en su contra, obstrucción para comparecer ante la justica negándole acceso a información importante como fueron citaciones a declarar sobre los hechos relacionados con el caso de Diego Felipe Becerra Lizarazo”, precisa la denuncia.