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La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció a través de su cuenta de Twitter que paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo) se tomaron la comunidad de Pogue, en Bojayá (Chocó). Según la ONG, por lo menos otras tres comunidades se encontrarían en la misma situacióny pobladores que lograron salir del “cerco de los paramilitares” denunciaron que este grupo armado entregó reses a diversas comunidades y regalos a niños del sector.
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Asimismo, los hombres, que portan armas largas, amenazaron con asesinar a líderes que denuncien la situación, lo que, en palabras de la Comisión, hace que en Bojayá en este momento se encuentren “sitiados, silenciados por las Autodefensas”. Así lo denunció la organización, que hace presencia en la zona a través de sus redes sociales.
Ante las denuncias, el Ejército ha respondido que está verificando la información y que una unidad está en la zona. Aunque El Espectador intentó contactarse con líderes de Bojayá y autoridades locales, solo una fuente que pidió reserva confirmó la denuncia de la Comisión. Según explicó esa misma fuente, este confinamiento era inminente y hace un buen tiempo diferentes autoridades y plataformas de derechos humanos venían denunciando la escalada violenta en la región.
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La fuente se refiere, por ejemplo, a alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, a la documentación de hechos violentos que ha llevado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a pronunciamientos de líderes sociales y a una carta que enviaron habitantes del municipio en noviembre pasado al presidente Iván Duque en la que le hicieron un recuento de todo esto y le pidieron tomar acciones para evitar otra masacre como la que en mayo de 2002 acabó con la vida de más de 100 personas.
“La instalación de minas antipersonales copa los territorios étnicos. Los actores armados hacen presencia en los centros poblados de las comunidades imponiendo control social, político, territorial y económico, desconociendo los reglamentos internos, la autonomía y sistemas de gobierno de las comunidades. Especialmente los paramilitares exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo botes y pangas, en algunos casos con centenares de combatientes. Todo esto bajo la mirada impávida del control de la Fuerza Pública, en el Bajo y Medio Atrato”, se lee en la misiva.
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La denuncia se da justamente cuando la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en su informe trimestral del seguimiento de la implementación del acuerdo de paz, pidió ayuda urgente sobre Chocó: “El deterioro de la situación en el departamento del Chocó es motivo de alarma. El Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y un corredor estratégico para las economías y el tráfico ilícitos. A principios de diciembre, la Defensoría del Pueblo confirmó el desplazamiento de 3.200 miembros de 17 comunidades étnicas del municipio de Alto Baudó y el confinamiento de ocho comunidades afrocolombianas e indígenas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluidos el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, reza el documento.
Para cesar la violencia, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sugirió la implementación de una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como se estipula en el Acuerdo de Paz. “Aliento al Gobierno a que vuelva a convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para avanzar en la finalización e implementación de esta política", agregó el secretario general.