El abogado Jorge Molano denunció que la familia del testigo Guillermo Marín, que fue citado a declarar en el juicio del general Jesús Armando Arias Cabrales, viene siendo objeto de seguimientos irregulares y hostigamientos, luego de su citación al Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá para ofrecer su testimonio.
El jurista dijo que ese tipo de acciones han sido reiterativas no sólo en éste sino en todos los procesos que se vienen desarrollando en contra de los militares presuntamente envueltos en casos de desaparición forzada, que se habrían producido con motivo de la retoma del Palacio de Justicia.
La parte civil insiste en que se trata de la misma estrategia a la que se ha recurrido para acallar a los demás testigos, los familiares de los desaparecidos, la fiscal, la juez y otras figuras recordadas como la del abogado defensor de los derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1998.
En este caso, se trata de un ciudadano que, al parecer, fue retenido irregularmente por uniformados pertenecientes al antiguo Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, Binci, en 1988, y que luego de ser sometido numerosos vejámenes y torturas tuvo la fortuna de escapar y salvarse de ser asesinado.
"Guillermo Marín es una persona que fue privada de la libertad por personal de esa Brigada hacia el año 88. Fue sometido a torturas por parte del personal de esa unidad militar; se adoptaron medidas para desaparecerlo forzosamente, hecho del cual él pudo escapar", indicó.
El jurista remembró así el episodio relatado por Marín recientemente desde el exilio, cuando manifestó que fue amarrado y envuelto en un costal, que fue abandonado en inmediaciones del Parque de la Florida, cerca de uno de los límites de la capital de la República por el costado occidental.
En su momento, un medio de comunicación puso en evidencia el caso de Marín, quien denunció que los militares que lo custodiaban lo sometieron a varias torturas y lo dejaron abandonado creyéndolo muerto, al lado del cadáver de un líder estudiantil identificado como Antonio Hernández Niño.
El testimonio de Guillermo Marín revivió las denuncias que en el mismo sentido había hecho el ex uniformado, Ricardo Games Mazuera, advirtiendo la existencia de una plataforma conjunta del Ejército y la Policía para hostigar y desparecer civiles, sobre todo los que integraban organizaciones de izquierda, testimonio desechado por la Procuraduría en 1989.
Las declaraciones de Marín fueron clave para el llamado a juicio del general Iván Ramírez Quintero, quien durante la época de los hechos oficiaba como comandante del Binci, en el grado de coronel
Por otra parte, Molano recordó la situación que en ese sentido han vivido otros testigos, como Edgar Villamizar y el mismo Tirso Sáenz, quien estuvo a punto de abstenerse de declarar ante la Fiscalía, temeroso de las represalias que, según dijo, podían tomar en su contra los militares involucrados en caso del holocausto.
Las amenazas y los hostigamientos también han rodeado el trabajo de la fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, y la juez María Stella Jara, que adelanta el proceso contra el coronel Plazas, y que son sólo dos más de los muchos que se han generado a los largo de estos casi 24 años.
Fue una situación similar la que llevó a René Guarín, hermano de una de las trabajadoras de la cafetería, a vivir en el exilio, repitiendo el destino al que se han visto avocados varios de los familiares de la guerrillera del M - 19, Irma Franco, que salió con vida del Palacio, pero nunca más se supo de su paradero, según lo admitió el mismo coronel Plazas, en palabras del procurador Delegado, Jesús Villabona Barajas.
Por Giovanni González Arango
