Ante el despacho del fiscal General, Eduardo Montealegre, la abogada Myriam Pachón Murcia radicó un derecho de petición de cuatro puntos en el marco de la investigación que se adelanta contra oficiales y suboficiales de la Policía Nacional por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la alteración de las pruebas en el lugar donde el joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo recibió un disparo mortal por parte de un patrullero en hechos registrados el 19 de agosto de 2011.
En el documento, la jurista le solicita al jefe del ente investigador una reunión con los fiscales 295 anticorrupción y el sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de tratar temas referentes a las dilaciones que se han presentado en las investigaciones que se venían adelantando, así como la falta de un grupo de investigadores lo que ha impedido, según la abogada, un adelanto notable en este caso.
Para la jurista, han pasado 24 meses “y todavía faltan imputaciones por realizar, a más de cinco personas”, reseñando además que “la lentitud de las investigaciones son las que pueden llegar a dañar la finalidad de la justicia” en este proceso por el cual están siendo procesados dos coroneles de la Policía, siete uniformados y tres civiles.
En uno de los puntos de la misiva se manifiesta "la preocupación" que existe en la investigación que se adelanta contra el excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Francisco Patiño, quien rindió interrogatorio el pasado 25 de julio y hasta el momento no se le ha resuelto su situación jurídica.
Igualmente denunció que Nubia Mahecha Melo, quien es procesada por presuntamente haberle mentido a las autoridades sobre la participación de Becerra Lizarazo y dos de sus compañeros en un atraco al bus de servicio público que manejaba su esposo, continua obstruyendo la administración de justicia por lo que solicitó que se le revoque la detención domiciliaria y se haga una respectiva solicitud ante un juez de la República para que sea cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario.
En el derecho de petición también se hace mención a la necesidad de que la Fiscalía General realice las diligencias necesarias dirigidas a la asignación de un esquema de seguridad “a los sujetos procesales”, principalmente a los dos fiscales que adelantan las investigaciones. “Así mismo se estudie como se encuentra la seguridad del los investigadores de este proceso”.
Finalmente se le solicita al Fiscal General la necesidad de asignar investigadores “permanentes he idóneos” con el fin de suplir las falencias que se han presentado en los respectivos procesos, así como la notoria ausencia de los mismos en las investigaciones lo que ha evitado que se tomen decisiones de fondo en los últimos meses.
“(…) el tiempo pasa y eso afecta la memoria de los testigos, el tiempo pasa y nada que logramos hacer justicia y mis representados solo tienen la fe puesta en usted, para que se esclarezcan estos hechos lo antes posible, con la única finalidad de poder empezar a hacer el duelo, de su hijo un menor de edad que se llamaba Diego Felipe Becerra Lizarazo a quien le quietaron todo, la vida y la honra”, precisa el documento.
Por El Espectador
