Denuncian que fallo sobre cédulas para personas no binarias no se ha cumplido

La Corte Constitucional dio la orden de incluir el componente de género no binario en la cédula desde febrero (Imagen de referencia).

Foto: EFE - Rodrigo Sura

Desde febrero de este año, la Corte Constitucional ordenó incluir en la cédula la casilla de “no binario” (NB) y les dio seis meses a la Registraduría y al Ministerio de Justicia para regularlo. Ese plazo se cumplió en octubre pasado y, además de que todavía no hay una norma clara para que las personas con esta expresión de género puedan registrarla en sus cédulas, organizaciones de derechos humanos que acompañan estos procesos han identificado casi una decena de barreras que persisten después del fallo, que es considerado un hito.

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Así lo denunciaron Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad): “Esta situación de falta de regulación del proceso ha impedido que las personas no binaries hagan pleno ejercicio del derecho a la identidad reconocido por la Corte Constitucional y limita su acceso a otros derechos”. Además, le hicieron una serie de recomendaciones al Gobierno y a la Registraduría sobre qué acciones tomar para proteger los derechos de las personas no binarias.

Si bien la sentencia de la Corte abrió el camino a que las personas con esta expresión de género sin que se expida una reglamentación específica, el GAAT y Raza e Igualdad han identificado nueve barreras que persisten en ese camino. Por un lado, están las trabas en las notarías. Según las organizaciones sociales, algunos notarios se niegan a hacer el trámite si en ese mismo despacho no se expidió el registro civil de nacimiento o si el trámite se había iniciado en una notaría distinta. También denuncian que el traslado de documentos entre notarías puede tardar hasta seis meses y que algunos notarios se rehúsan a siquiera remitir los documentos.

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Incluso, las organizaciones denunciaron: “Se han identificado casos en los que, además de denegar el derecho a contar con un documento de identidad que represente la identidad de género de las personas, esta negativa viene acompañada de burlas, actos de discriminación y humillaciones frente a la decisión personal de modificar el componente de sexo en los documentos de identidad”. A su juicio esto puede ocurrir porque hay desconocimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.

Aunque también han documentado casos en los que las notarías conocen del fallo, pero dicen que no les cobija hasta que se modifique un decreto. En otros casos, el personal de estas oficinas explica que la Registraduría no ha actualizado su plataforma tecnológica para incluir el componente no binario, lo que impide realizar el trámite. Y, finalmente, los costos de todo este proceso son muy elevados, según denunciaron el GAAT y Raza e Igualdad.

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“Las barreras históricas y estructurales para el acceso a la educación y trabajo, reducen ostensiblemente las posibilidades de cualquier persona trans y/o no binaria de lograr un mínimo de bienestar económico o de poder salir de la pobreza, o la pobreza extrema en la que suelen quedar, fruto de ese cuadro sistemático de exclusión”, aseguraron en el comunicado las organizaciones. Es decir, a pesar de que el fallo de la Corte fue un triunfo, llevarlo a la realidad es todo un reto en el que muchas personas pueden terminar sufriendo nuevas situaciones de exclusión.

De allí que las organizaciones le hagan recomendaciones al Gobierno y la Registraduría. Por ejemplo, sugieren que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado emitan una directiva dando a conocer la sentencia e insistiendo en que es de obligatorio cumplimiento; que estas entidades junto a la Registraduría permitan que el trámite se pueda realizar de manera digital, y que esta última entidad actualice la plataforma que ya tiene en marcha para incluir el componente no binario. Asimismo, que se den espacios de formación al personal de las notarías sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y se sancione a quienes han cometido actos de discriminación o burla.

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