Denuncian operativo policial para erradicar cultivos de coca que vulneró DD.HH.
Organizaciones sociales denuncian que, supuestamente, la Policía Antinarcóticos de Caucasia (Antioquia) ejecutó operativos para erradicar de manera forzada los cultivos de coca en el municipio de Anorí. Según organizaciones sociales, estarían vulnerando de manera sistemática los derechos humanos de las comunidades campesinas en el territorio.
Organizaciones sociales del Norte de Antioquia denuncian que la Policía Antinarcóticos de Caucasia, adscrita al Batallón de Infantería Aerotransportado número 31, está llevando a cabo operativos de erradicación forzada de cultivos no industriales de hoja de coca, vulnerando de manera sistemática los derechos humanos de las comunidades campesinas en el municipio de Anorí del mismo departamento. Afirman que, desde el pasado 23 de junio, un operativo de erradicación ha generado tensión, zozobra y un ambiente de confrontación en el territorio. Hasta el momento la Policía no ha dado confirmación ni detalles de los hechos.
La denuncia pública es realizada ante las autoridades competentes por comunidades de las veredas La Florida y Tenche Limón del municipio de Anorí (Antioquia), la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia (ASCNA).
Campesinado como sujeto político de derechos aprobado en último debate en Congreso
Se lee en la denuncia que, de parte de las unidades de la Policía Antinarcóticos, se presentan amenazas, intimidaciones y persecuciones a cultivadores y recolectores de hoja de coca que están defendiendo de manera pacífica sus cultivos.
De acuerdo con las asociaciones, los agentes antinarcóticos ejercen una persecución intimidante con granada en mano a aquellas personas que estén registrando sus acciones. “Entre estas unidades se encuentra el intendente Javier Hernández, quien reiterativamente amenaza con “plomo”a los campesinos cultivadores y recolectores”, señalan en su denuncia.
Los operativos irregulares han sido constantes en esta zona de Dos Bocas, destacando los ocurridos el 7 y 15 de abril del presente año, en las veredas de Tenche Abajo y Tenche Limón, respectivamente. En estas zonas rurales, la Policía Antinarcóticos del municipio de Caucasia también llevó a cabo operativos de esta naturaleza, presentándose situaciones similares, según denuncian los campesinos.
“En la misma zona del municipio; en estos operativos, sin importar si había o no seres humanos allí, hicieron disparos de fusil en las “caletas”, donde las y los sembradores pernoctan y además guardan sus enseres personales y comestibles, para después proceder a quemarlas, mostrándolas en sus informes como “laboratorios de procesamiento “, calumniando y violando de manera sistemática y voluntaria los derechos humanos”, explica el comunicado que denuncia los hechos.
Recientemente y por primera vez en Colombia, el campesinado fue reconocido como sujeto de derechos y de especial protección. Fue una decisión histórica que tomó el Congreso de la República el pasado 13 de junio, un resultado de las luchas campesinas desarrolladas a lo largo de la historia. El texto ahora irá a conciliación y está listo para sanción presidencial.
El llamado de los campesinos al Gobierno Nacional es “para que no olvide por qué en la actualidad las campesinas y campesinos continuamos sembrando hoja de coca. Si bien podemos comprender que el Gobierno anterior hizo trizas el Acuerdo Final de Paz, vemos con preocupación cómo este proceso no da soluciones inmediatas a la crisis económica que atraviesa hoy el campesinado, teniendo en cuenta que los territorios que hacen parte de este acuerdo, continúan siendo territorios olvidados por el Estado”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Organizaciones sociales del Norte de Antioquia denuncian que la Policía Antinarcóticos de Caucasia, adscrita al Batallón de Infantería Aerotransportado número 31, está llevando a cabo operativos de erradicación forzada de cultivos no industriales de hoja de coca, vulnerando de manera sistemática los derechos humanos de las comunidades campesinas en el municipio de Anorí del mismo departamento. Afirman que, desde el pasado 23 de junio, un operativo de erradicación ha generado tensión, zozobra y un ambiente de confrontación en el territorio. Hasta el momento la Policía no ha dado confirmación ni detalles de los hechos.
La denuncia pública es realizada ante las autoridades competentes por comunidades de las veredas La Florida y Tenche Limón del municipio de Anorí (Antioquia), la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia (ASCNA).
Campesinado como sujeto político de derechos aprobado en último debate en Congreso
Se lee en la denuncia que, de parte de las unidades de la Policía Antinarcóticos, se presentan amenazas, intimidaciones y persecuciones a cultivadores y recolectores de hoja de coca que están defendiendo de manera pacífica sus cultivos.
De acuerdo con las asociaciones, los agentes antinarcóticos ejercen una persecución intimidante con granada en mano a aquellas personas que estén registrando sus acciones. “Entre estas unidades se encuentra el intendente Javier Hernández, quien reiterativamente amenaza con “plomo”a los campesinos cultivadores y recolectores”, señalan en su denuncia.
Los operativos irregulares han sido constantes en esta zona de Dos Bocas, destacando los ocurridos el 7 y 15 de abril del presente año, en las veredas de Tenche Abajo y Tenche Limón, respectivamente. En estas zonas rurales, la Policía Antinarcóticos del municipio de Caucasia también llevó a cabo operativos de esta naturaleza, presentándose situaciones similares, según denuncian los campesinos.
“En la misma zona del municipio; en estos operativos, sin importar si había o no seres humanos allí, hicieron disparos de fusil en las “caletas”, donde las y los sembradores pernoctan y además guardan sus enseres personales y comestibles, para después proceder a quemarlas, mostrándolas en sus informes como “laboratorios de procesamiento “, calumniando y violando de manera sistemática y voluntaria los derechos humanos”, explica el comunicado que denuncia los hechos.
Recientemente y por primera vez en Colombia, el campesinado fue reconocido como sujeto de derechos y de especial protección. Fue una decisión histórica que tomó el Congreso de la República el pasado 13 de junio, un resultado de las luchas campesinas desarrolladas a lo largo de la historia. El texto ahora irá a conciliación y está listo para sanción presidencial.
El llamado de los campesinos al Gobierno Nacional es “para que no olvide por qué en la actualidad las campesinas y campesinos continuamos sembrando hoja de coca. Si bien podemos comprender que el Gobierno anterior hizo trizas el Acuerdo Final de Paz, vemos con preocupación cómo este proceso no da soluciones inmediatas a la crisis económica que atraviesa hoy el campesinado, teniendo en cuenta que los territorios que hacen parte de este acuerdo, continúan siendo territorios olvidados por el Estado”.
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